La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) decidió no dejar pasar los insultos del ministro de Economía, Luis Caputo, contra quienes cuestionan el desempeño de la industria argentina. En un duro pronunciamiento, la entidad rechazó que el debate sobre el rumbo productivo pueda reducirse a agravios y, a través de su secretario, Walter Andreozzi, cuestionó de fondo el modelo económico que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La respuesta llegó después de que Caputo calificara de “tarados” a quienes hablan de la industria y sostuviera que entre 2011 y 2023 el sector cayó 10 por ciento pese a haber recibido subsidios en las tarifas y del conjunto de la sociedad. El ministro también aseguró que durante ese período los consumidores pagaron precios muy superiores a los internacionales por productos como ropa, calzado, tecnología y automóviles.

Fisfe respondió con un rechazo “enérgico” y planteó que “la descalificación y el agravio no constituyen una respuesta a los problemas que atraviesa el aparato productivo”. La entidad enumeró entre las dificultades actuales la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el incremento de los costos y la incertidumbre que enfrentan las empresas para invertir y sostener puestos de trabajo.

Pero Andreozzi llevó la discusión bastante más lejos. “No entienden nada del país en el que vivimos”, sostuvo, y reivindicó la industria como una pieza central de la historia económica argentina. “Si Argentina es lo que es, lo que ha sido y lo que puede llegar a ser es por su desarrollo industrial”, afirmó.

El dirigente empresario puso el foco, sobre todo, en la capacidad del sector manufacturero para generar empleo formal y sostener el mercado interno. “No hay país en el mundo con más de 40 millones de habitantes que tenga un destino inclusivo para todos sus ciudadanos sin desarrollo industrial”, aseguró.

Su planteo apuntó directamente al esquema de crecimiento que promueve el Gobierno, basado en buena medida en el desarrollo de los recursos naturales. Para Andreozzi, la explotación de petróleo, gas, minería y el sector agropecuario puede generar divisas y actividad, pero no alcanza para integrar laboralmente al conjunto de la población.

“Aunque eso fuera absolutamente exitoso, claramente sobra más de la mitad de la población”, advirtió.

La dimensión del empleo industrial fue uno de los argumentos centrales de su respuesta. Según señaló, el entramado manufacturero ocupa aproximadamente a 1,2 millones de trabajadores en forma directa y genera otros 2,4 millones de empleos en actividades vinculadas. Se trata, además, de puestos de trabajo que en general son formales y cuentan con mejores niveles salariales y cobertura social que el promedio.

“El trabajador industrial es, en líneas generales, un trabajador formal, con mejor salario que el promedio, con obra social y cobertura de riesgos del trabajo”, destacó. Y vinculó esa masa salarial con otra cuestión que considera decisiva: “compone mercado interno”.

Para Andreozzi, pretender discutir una estrategia exportadora sin resolver previamente las condiciones en las que produce la industria argentina supone desconocer una parte central del problema. El debate, dijo, no debería girar alrededor de una falsa dicotomía entre apertura y protección, sino sobre las condiciones de competitividad con las que las empresas locales enfrentan a sus competidores internacionales.

En ese punto recurrió a una referencia incómoda para el discurso libertario: Donald Trump. “Si hay alguien que admiran como líder global es a Trump. ¿Qué está haciendo Trump si no es cuidando su industria con protección y aranceles?”, planteó.

La discusión, según su mirada, pasa por “equilibrar la cancha” y reducir el denominado costo argentino. Y allí incluyó factores que exceden los salarios o los impuestos y que, a su juicio, también forman parte de las responsabilidades del Estado.

“Si hace tres años que no hago infraestructura, ¿eso no es costo para la industria argentina?”, preguntó. Y completó: “Trasladarse por rutas que parecen más parte de la Luna que de la Tierra, ¿eso no es costo? ¿La inseguridad para transportar mercadería no es rol del Estado?”.

La crítica de Fisfe no se limita, de todos modos, a la política económica. La entidad también cuestionó el tono de confrontación que caracteriza al oficialismo y sus efectos sobre el debate público. “Es inviable construir comunidad a partir de los agravios. Lo que hay que generar es debate; se puede pensar diferente, estamos en democracia”, afirmó Andreozzi.

Para el secretario de Fisfe, esa dinámica de enfrentamiento puede terminar afectando incluso las posibilidades de inversión que el Gobierno dice buscar. La confrontación permanente, consideró, profundiza la polarización interna y también proyecta hacia afuera una imagen poco favorable para quienes evalúan invertir en la Argentina.

El dirigente reconoció además que existe temor entre las entidades empresarias a expresar públicamente sus diferencias con el Gobierno debido al hostigamiento en redes sociales. “Uno sale y es muy probable que después aparezcan los trolls denostando a la entidad o al dirigente que habla. Intimida, pero va a haber que salir”, señaló.

Y cerró con una advertencia: “Si no cortamos esto, va a quedar tierra arrasada”.