El Senado santafesino le dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que declara la emergencia hídrica en todo el territorio provincial, una herramienta que, más allá de la respuesta frente a lluvias intensas y crecidas, amplía el margen de maniobra del gobierno de Maximiliano Pullaro para contratar bienes, servicios y obras mediante procedimientos excepcionales.

La iniciativa deberá ser ahora tratada por la Cámara de Diputados. Si consigue la sanción definitiva, la emergencia regirá hasta abril de 2027 y podrá extenderse otros seis meses si persisten las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

El gobierno provincial presentó la medida como una suerte de “paraguas jurídico” para afrontar las contingencias que puedan producirse en el territorio santafesino. La declaración permitirá acortar los tiempos de los procedimientos administrativos y habilitar contrataciones urgentes para responder ante inundaciones, anegamientos, crecidas de ríos y otros eventos derivados de la situación hídrica.

Pero el alcance del proyecto excede la asistencia inmediata a los damnificados. El Ejecutivo quedará facultado para disponer una amplia batería de obras y trabajos considerados necesarios para prevenir o mitigar los efectos de la emergencia.

Entre ellos aparecen movimientos de suelo, terraplenes, limpieza de canales, alteos, defensas, apertura de rutas, canalizaciones, lagunas de retardo y endicamientos de cursos de agua. También podrán ejecutarse trabajos de clausura, modificación, restauración y mejoramiento de caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres.

La declaración permitirá además afectar terrenos o determinados sectores particulares cuando resulten necesarios para afrontar la emergencia, por ejemplo para atender las consecuencias de una inundación o disponer de espacios destinados a la asistencia de personas evacuadas.

El punto más sensible desde el punto de vista administrativo está en las contrataciones. El proyecto habilita al Ejecutivo a disponer procedimientos especiales y urgentes para adquirir bienes de uso, equipamiento y servicios necesarios durante la emergencia.

Esos mecanismos serán reglamentados por el propio Poder Ejecutivo y deberán establecer criterios para seleccionar, adjudicar y evaluar las propuestas. El texto exige que, aun dentro de la excepcionalidad, se garanticen transparencia, igualdad, concurrencia y competencia entre los oferentes.

La norma contempla incluso la posibilidad de contratar con un único proveedor. Esto podrá ocurrir cuando no exista más de una empresa o persona capaz de realizar el trabajo, prestar el servicio o suministrar los bienes requeridos y la urgencia de la situación haga necesario resolver la contratación sin demoras.

El proyecto también incorpora bajo el régimen de emergencia las obras de infraestructura necesarias para cumplir con sus objetivos. En esos casos, los procedimientos tendrán igualmente carácter urgente y quedarán sujetos a la reglamentación que establezca el Ejecutivo.

La amplitud de esas facultades tiene como contrapartida un mecanismo de control específico. El Tribunal de Cuentas deberá revisar los actos y procedimientos vinculados con la emergencia en un plazo máximo de diez días hábiles y comunicar posteriormente sus actuaciones a las cámaras legislativas.

El proyecto establece además que los hechos y actos realizados por el Ejecutivo y los funcionarios que intervengan en el marco de la emergencia quedarán sujetos al control externo del organismo. Esas actuaciones deberán ser comunicadas a la Legislatura dentro de los cinco días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

El Tribunal de Cuentas deberá, a su vez, contemplar el carácter excepcional de la norma y priorizar la agilidad de los trámites y contrataciones. Se busca así evitar que los controles posteriores terminen reproduciendo los tiempos de los procedimientos administrativos ordinarios que justamente la declaración de emergencia pretende sortear.

El otro eje del proyecto es la atención directa de las personas afectadas. El Ejecutivo podrá disponer medidas de prevención y asistencia habitacional, alimentaria, sanitaria y de vestimenta, además de las acciones destinadas a evitar o mitigar las consecuencias de los fenómenos hídricos.

La iniciativa llega a la Legislatura en un escenario marcado por la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta estatal frente a eventos climáticos cada vez más difíciles de prever. Para el gobierno provincial, contar con la emergencia declarada permite actuar antes de que cada contingencia obligue a tramitar autorizaciones específicas.

El debate, sin embargo, no queda reducido al cambio climático. La herramienta supone también un régimen excepcional para gastar, contratar y ejecutar obras, aunque con controles posteriores del Tribunal de Cuentas y obligación de informar a la Legislatura.

Con la media sanción del Senado, la pelota quedó ahora en Diputados. Allí se definirá si el gobierno de Pullaro obtiene el instrumento que reclama para responder ante una eventual emergencia hídrica y, al mismo tiempo, un mecanismo más veloz para disponer de recursos públicos frente a esas contingencias.