El Gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que permitió destrabar el conflicto que mantenía paralizada la navegación en la Hidrovía. El entendimiento contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio, la suspensión de la aplicación del decreto que desreguló la actividad y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a los buques.

Según informó el Ejecutivo, los prácticos volverán de inmediato a prestar servicio para normalizar la operatoria en los puertos y vías navegables del país, luego de varios días de conflicto que afectaron el movimiento de embarcaciones y las exportaciones. En paralelo, el Gobierno abrirá una mesa técnica para revisar los principales puntos de la reforma junto a representantes del sector.

La instancia de negociación será coordinada por la administración nacional con la participación de los ministerios de Seguridad y Defensa y otros organismos con competencia en la actividad. Allí se analizarán los aspectos tarifarios, operativos y de seguridad que generaron diferencias tras la entrada en vigencia del decreto 690/2026. Hasta el momento, el Gobierno no precisó mediante qué instrumento jurídico formalizará la suspensión de la norma ni cuánto tiempo permanecerá vigente esa decisión.

El acuerdo también establece una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje, aunque el comunicado oficial no detalló sobre qué cuadro tarifario se aplicará el recorte, si alcanzará a todas las zonas de navegación ni desde cuándo comenzará a regir. Desde la Casa Rosada presentaron esa rebaja como uno de los principales resultados de la negociación.

Horas antes de anunciar el entendimiento, el Gobierno había defendido públicamente la desregulación del sector. Durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que el decreto 690/2026 buscaba promover una mayor competencia para reducir los costos logísticos del transporte marítimo y contribuir a "bajar el costo argentino". La norma, publicada el 31 de julio, modificó el régimen vigente desde 1991, pero su aplicación quedó ahora en suspenso mientras avanzan las negociaciones con los profesionales del practicaje.