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El Gobierno avanza con la privatización del Belgrano Cargas
El Gobierno nacional puso en marcha este jueves el proceso para privatizar el sistema ferroviario de cargas Belgrano Cargas y Logística, mediante concesiones de las vías y de la infraestructura ferr...
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El Gobierno nacional puso en marcha este jueves el proceso para privatizar el sistema ferroviario de cargas Belgrano Cargas y Logística, mediante concesiones de las vías y de la infraestructura ferroviaria por un período de 50 años. La convocatoria será publicada por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, en el Boletín Oficial.
El llamado abarca los corredores de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, que en conjunto comprenden 7.594 kilómetros operativos, atraviesan 16 provincias y tienen conexión con cinco pasos internacionales hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
El esquema contempla que los futuros concesionarios se hagan cargo de la explotación de las vías, las obras de infraestructura, el mantenimiento y la modernización. También podrán utilizar los inmuebles ubicados junto a las trazas ferroviarias.
Uno de los cambios incorporados respecto del diseño inicial es la posibilidad de que las empresas interesadas adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. La compra será optativa y se concretará mediante un mecanismo de remate público. La modificación responde a pedidos de compañías que habían manifestado interés en participar, pero cuestionaban la separación entre infraestructura y material ferroviario.
La privatización, de todos modos, continuará dividida en diferentes etapas. Por un lado, se concesionarán las vías y los inmuebles linderos; por otro, se venderán las locomotoras y vagones; mientras que el esquema referido a los talleres quedará para una instancia separada.
SIN EMPRESAS CONTROLADAS POR ESTADOS EXTRANJEROS
El pliego establece además una restricción para la participación de compañías controladas por Estados extranjeros. La cláusula limita particularmente la posibilidad de intervención de empresas estatales de otros países, una condición que dentro del Gobierno fue vinculada con la intención de impedir la participación de compañías chinas relacionadas con el Partido Comunista de ese país.
El proceso se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, en el marco de lo dispuesto por el decreto 416 de junio de 2025. Allí se publicarán los pliegos generales, las especificaciones técnicas y los documentos particulares correspondientes a cada uno de los tres corredores.
Las empresas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10. Las ofertas deberán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9.59, mientras que la apertura se realizará ese mismo día a las 10 mediante un acto público en la plataforma.
Para evaluar las propuestas, el Gobierno conformó una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García como titulares, además de tres miembros suplentes.
UN ESQUEMA SIN SUBSIDIOS NI CÁNONES
El modelo diseñado por el Gobierno no contempla el pago de cánones ni subsidios estatales a los futuros concesionarios. Sus ingresos provendrían principalmente del cobro de peajes a los operadores ferroviarios y de la explotación comercial de los inmuebles asociados a las trazas, entre ellos silos y parques logísticos.
El proyecto original prevé inversiones por unos 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza. A su vez, se estableció un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto de las obras previstas.
El proceso quedó además alcanzado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), luego de que el Gobierno incorporara las obras de infraestructura ferroviaria al programa. El beneficio incluye proyectos de renovación, sustitución, transformación y desarrollo de infraestructura existente, además de nuevas obras, aunque deja afuera las tareas de mantenimiento y conservación de infraestructura preexistente.
La incorporación al RIGI había sido uno de los reclamos formulados por empresas interesadas en competir por las concesiones.
LA CRÍTICA DE TONIOLLI
El anuncio generó críticas del exdiputado nacional Eduardo Toniolli, quien cuestionó el argumento oficial sobre las inversiones privadas en el sistema ferroviario.
A través de la red social X, sostuvo que las concesiones ferroviarias de la década de 1990 también incluían compromisos de inversión que, según afirmó, finalmente no se concretaron. En ese sentido, citó las conclusiones de la Comisión Especial de Renegociación de Contratos, que en 2021 había señalado un balance negativo de las concesiones de cargas en términos del estado de la infraestructura, las velocidades y los ramales perdidos.
Toniolli cuestionó además que el Gobierno avance nuevamente con un esquema de concesiones de largo plazo y sostuvo que el Belgrano Cargas había registrado, desde su recuperación estatal en 2013, un crecimiento en las toneladas transportadas asociado a la inversión pública.
El dirigente concluyó su crítica con una definición política: “La disyuntiva sigue siendo clara: con Milei no hay ni infraestructura, ni trabajo argentino, ni producción nacional”.
El Gobierno, en cambio, sostiene que la apertura a la compra del material rodante, junto con los beneficios del RIGI, permitirá ampliar la cantidad de participantes y generar ofertas más competitivas para administrar una de las principales redes ferroviarias de cargas del país.
El llamado abarca los corredores de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, que en conjunto comprenden 7.594 kilómetros operativos, atraviesan 16 provincias y tienen conexión con cinco pasos internacionales hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
El esquema contempla que los futuros concesionarios se hagan cargo de la explotación de las vías, las obras de infraestructura, el mantenimiento y la modernización. También podrán utilizar los inmuebles ubicados junto a las trazas ferroviarias.
Uno de los cambios incorporados respecto del diseño inicial es la posibilidad de que las empresas interesadas adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. La compra será optativa y se concretará mediante un mecanismo de remate público. La modificación responde a pedidos de compañías que habían manifestado interés en participar, pero cuestionaban la separación entre infraestructura y material ferroviario.
La privatización, de todos modos, continuará dividida en diferentes etapas. Por un lado, se concesionarán las vías y los inmuebles linderos; por otro, se venderán las locomotoras y vagones; mientras que el esquema referido a los talleres quedará para una instancia separada.
SIN EMPRESAS CONTROLADAS POR ESTADOS EXTRANJEROS
El pliego establece además una restricción para la participación de compañías controladas por Estados extranjeros. La cláusula limita particularmente la posibilidad de intervención de empresas estatales de otros países, una condición que dentro del Gobierno fue vinculada con la intención de impedir la participación de compañías chinas relacionadas con el Partido Comunista de ese país.
El proceso se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, en el marco de lo dispuesto por el decreto 416 de junio de 2025. Allí se publicarán los pliegos generales, las especificaciones técnicas y los documentos particulares correspondientes a cada uno de los tres corredores.
Las empresas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10. Las ofertas deberán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9.59, mientras que la apertura se realizará ese mismo día a las 10 mediante un acto público en la plataforma.
Para evaluar las propuestas, el Gobierno conformó una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García como titulares, además de tres miembros suplentes.
UN ESQUEMA SIN SUBSIDIOS NI CÁNONES
El modelo diseñado por el Gobierno no contempla el pago de cánones ni subsidios estatales a los futuros concesionarios. Sus ingresos provendrían principalmente del cobro de peajes a los operadores ferroviarios y de la explotación comercial de los inmuebles asociados a las trazas, entre ellos silos y parques logísticos.
El proyecto original prevé inversiones por unos 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza. A su vez, se estableció un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto de las obras previstas.
El proceso quedó además alcanzado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), luego de que el Gobierno incorporara las obras de infraestructura ferroviaria al programa. El beneficio incluye proyectos de renovación, sustitución, transformación y desarrollo de infraestructura existente, además de nuevas obras, aunque deja afuera las tareas de mantenimiento y conservación de infraestructura preexistente.
La incorporación al RIGI había sido uno de los reclamos formulados por empresas interesadas en competir por las concesiones.
LA CRÍTICA DE TONIOLLI
El anuncio generó críticas del exdiputado nacional Eduardo Toniolli, quien cuestionó el argumento oficial sobre las inversiones privadas en el sistema ferroviario.
A través de la red social X, sostuvo que las concesiones ferroviarias de la década de 1990 también incluían compromisos de inversión que, según afirmó, finalmente no se concretaron. En ese sentido, citó las conclusiones de la Comisión Especial de Renegociación de Contratos, que en 2021 había señalado un balance negativo de las concesiones de cargas en términos del estado de la infraestructura, las velocidades y los ramales perdidos.
Toniolli cuestionó además que el Gobierno avance nuevamente con un esquema de concesiones de largo plazo y sostuvo que el Belgrano Cargas había registrado, desde su recuperación estatal en 2013, un crecimiento en las toneladas transportadas asociado a la inversión pública.
El dirigente concluyó su crítica con una definición política: “La disyuntiva sigue siendo clara: con Milei no hay ni infraestructura, ni trabajo argentino, ni producción nacional”.
El Gobierno, en cambio, sostiene que la apertura a la compra del material rodante, junto con los beneficios del RIGI, permitirá ampliar la cantidad de participantes y generar ofertas más competitivas para administrar una de las principales redes ferroviarias de cargas del país.
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