A horas de que el Senado trate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone eliminar las restricciones vigentes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un informe del Observatorio de Tierras volvió a poner el foco sobre el avance de la extranjerización del territorio argentino. El trabajo sostiene que más de 13 millones de hectáreas, equivalentes a casi el 5% del territorio nacional, ya pertenecen a empresas o personas extranjeras y advierte que esa superficie podría ampliarse si prospera la iniciativa impulsada por el gobierno nacional.

Aunque el fenómeno se concentra principalmente en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, el estudio también identifica un caso de fuerte impacto en Santa Fe: el departamento Garay, donde el 16% de la superficie rural está en manos de capitales extranjeros, principalmente de origen estadounidense. Rosario Plus documentó esta situación hace diez años, en esta nota. El problema no es nuevo.

El informe actual, elaborado por investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que integran el Observatorio de Tierras, considera que Garay forma parte del proceso de concentración que se extiende sobre toda la cuenca del Paraná, una región estratégica por sus recursos naturales, la disponibilidad de agua dulce y la cercanía con los principales corredores de exportación del país.

Los investigadores sostienen que el proyecto que debatirá este jueves la Cámara alta eliminaría los límites establecidos por la ley vigente para la adquisición de campos por parte de extranjeros y podría acelerar un proceso que ya muestra elevados niveles de concentración.


EL CORREDOR DEL PARANÁ

El trabajo difundido por el sitio Infoydata.com identifica a Misiones, Corrientes y Entre Ríos como el principal corredor de extranjerización del país.

Misiones encabeza el ranking regional, con 11,29% de su superficie en manos extranjeras, más de 325.000 hectáreas. Allí sobresale la presencia del grupo forestal chileno Arauco, propietario de más de 240.000 hectáreas destinadas principalmente a plantaciones de pino y eucalipto para la producción de celulosa.



En Corrientes, la superficie extranjerizada alcanza el 7,63% del territorio provincial, mientras que en Entre Ríos representa el 3,23%. En ambas provincias predominan inversiones vinculadas a la actividad forestal, arrocera y agropecuaria provenientes de Estados Unidos, Chile y distintos países europeos.

El relevamiento también muestra fuertes disparidades internas. En el departamento misionero de Iguazú casi el 40% de la superficie rural pertenece a propietarios extranjeros, mientras que en Corrientes los departamentos de Ituzaingó y Berón de Astrada superan el 30%.


DEBATE EN EL SENADO

Los autores del informe advierten que la eventual eliminación de los límites legales a la compra de tierras rurales podría profundizar los procesos de concentración y encarecer el acceso a la tierra para pequeños y medianos productores.

Según el documento, un aumento de la demanda internacional podría elevar el precio de los campos y también el valor de los arrendamientos rurales, favoreciendo la expansión de grandes grupos inversores en detrimento de las economías regionales y la agricultura familiar.



El informe sostiene que la discusión excede el derecho de propiedad y plantea interrogantes sobre la soberanía territorial, el control de los recursos naturales y el desarrollo de las comunidades locales.

En ese marco, organizaciones sociales, campesinas, ambientales, gremiales y académicas convocaron a movilizarse este jueves, en coincidencia con el tratamiento parlamentario del proyecto, para reclamar que el Senado rechace la iniciativa.

Para el Observatorio de Tierras, el caso de Garay demuestra que la extranjerización ya no es un fenómeno circunscripto a la Mesopotamia, sino que avanza sobre distintos puntos estratégicos de la cuenca del Paraná, donde confluyen algunos de los principales recursos naturales y logísticos del país.