Con el conflicto salarial todavía abierto en el sector público santafesino, y luego de que el gobierno de Maximiliano Pullaro resolviera cerrar por decreto la discusión paritaria del segundo semestre, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que el equilibrio de las cuentas públicas santafesinas se alcanzó, en buena medida, mediante un ajuste sobre el gasto social y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

El trabajo analiza la ejecución presupuestaria entre 2023 y 2026 y la evolución de los salarios reales de distintos sectores de la administración pública. Según sus conclusiones, el gasto total provincial cayó 9,3% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras que el superávit financiero obtenido en 2025 representó apenas el 0,07% del gasto total. Para el CEPA, ese resultado fiscal se consiguió principalmente mediante recortes en áreas sensibles del Estado y la licuación de los salarios públicos.

El estudio señala que la reducción del gasto no fue homogénea. Mientras los Servicios Sociales retrocedieron 11,4% en términos reales entre 2023 y 2025, los Servicios de Seguridad crecieron 10,6% y la Administración Gubernamental aumentó 1,4%. Dentro de este último rubro, el mayor incremento correspondió a la Dirección Superior Ejecutiva, con una expansión real del 37,8%, mientras el Poder Judicial registró una caída del 22,3%.

La mayor reducción presupuestaria, siempre según el informe, se verificó en Educación y Cultura, que perdió casi medio billón de pesos a valores constantes y cayó 13,3% respecto de 2023. También disminuyeron Seguridad Social (-10,3%), Salud (-5,5%) y Agua Potable y Alcantarillado (-76,4%), mientras Vivienda y Urbanismo fue una de las pocas funciones que incrementó su ejecución.

En cuanto a la evolución de los ingresos, el CEPA reconstruyó recibos de sueldo de siete casos testigo pertenecientes a salud, educación, seguridad y administración central. El resultado muestra que, entre noviembre de 2023 y junio de 2026, todos los sectores analizados perdieron poder adquisitivo.

Los docentes aparecen entre los más afectados. Un maestro de grado de jornada simple con 15% de antigüedad registró una pérdida real del 18,9% respecto del inicio del período analizado, mientras un portero escolar cayó 9%. El informe sostiene que la mejora observada en algunos casos responde a mecanismos como la jornada extendida o el presentismo, que incrementan el ingreso de bolsillo sin recomponer el salario básico.

En el sector sanitario, un enfermero de jornada larga perdió 9,5% de poder adquisitivo, mientras que un profesional del régimen Arte de Curar mostró una caída más moderada, del 2,8%, luego de la incorporación parcial de la jerarquización profesional durante este año.

Para la Policía, el estudio estima un retroceso del 4,9% en términos reales. Esa caída, sostiene, fue amortiguada por la garantía de ingreso mínimo vinculada a la Canasta Básica Total implementada este año, aunque no alcanzó para recuperar el nivel salarial previo.

En la Administración Central también se observaron diferencias según la categoría escalafonaria. Mientras las categorías más bajas –que representan el 91% de la planta– cerraron junio con un salario real 9,5% inferior al de noviembre de 2023, las categorías intermedias y superiores terminaron el período por encima de aquel nivel, con mejoras del 19,2% y 12,3%, respectivamente.

El informe fue difundido este domingo, pocos días después de que el Ejecutivo provincial resolviera dar por terminada la negociación salarial del segundo semestre e impusiera por decreto el aumento ofrecido a los trabajadores estatales, luego del rechazo expresado por los gremios docentes y de la administración pública. En ese contexto, el documento del CEPA plantea que la política fiscal provincial implicó una redefinición de prioridades presupuestarias, con mayor protección para las áreas de conducción política y seguridad, mientras el mayor costo del ajuste recayó sobre los salarios de quienes prestan servicios esenciales.