Cuatro policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida en enero de este año en la ciudad de Santa Fe.

Todos ellos están imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, mientras que otros dos efectivos también fueron acusados en la causa y continuarán el proceso con medidas alternativas.

La medida fue dispuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Labanca, a pedido del fiscal Ezequiel Hernández, tras una audiencia que se extendió durante unas 13 horas entre el miércoles y el jueves en los tribunales de la capital provincial.

La magistrada rechazó los planteos de las defensas para evitar la prisión preventiva de cuatro de los acusados al considerar que las alternativas propuestas no alcanzaban para garantizar el desarrollo de la investigación.

En la causa fueron imputados cinco integrantes del Comando Radioeléctrico. Todos fueron acusados como coautores de tortura seguida de muerte, aunque solo cuatro quedaron detenidos de manera preventiva. El quinto efectivo continuará el proceso en libertad bajo medidas impuestas por la Justicia. Además, un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue imputado por el delito de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió el 17 de enero, cuando policías acudieron a la intersección de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú, tras un llamado que alertaba que González atravesaba una crisis subjetiva.



El fiscal sostuvo que los efectivos incumplieron los protocolos que obligan a requerir asistencia sanitaria en estos casos y redujeron violentamente al hombre, lo esposaron y comenzaron a golpearlo. Luego, ya con la participación de otros agentes, lo subieron a una camioneta policial donde, de acuerdo con la acusación, continuaron las agresiones durante el traslado.

La Fiscalía indicó que un familiar les advirtió a los uniformados que González había sido sometido recientemente a una cirugía abdominal, pero que, lejos de cesar la violencia, intensificaron los golpes. La víctima sufrió al menos veinte lesiones, entre ellas la fractura de una costilla.

Siempre de acuerdo con la acusación, los policías no lo trasladaron de inmediato a un centro de salud, sino que pasaron por una estación de servicio, luego por Medicina Legal y finalmente lo alojaron en un calabozo de la Comisaría Octava sin brindarle atención médica. Horas después, González falleció.

Además de la imputación por tortura seguida de muerte, uno de los policías del Comando también fue acusado en otro expediente por los delitos de vejaciones, falsedad ideológica de instrumento público y daños.


LA POSTURA DEL GOBERNADOR

El gobernador Maximiliano Pullaro se expresó públicamente sobre el proceso en curso, al pedir "prudencia" al momento de analizar el caso. Ante consultas periodísticas, sostuvo que será la Justicia la que "determine" las responsabilidades de los efectivos imputados.

"No hago juicio de valor sobre esta situación porque sería imprudente de mi parte", afirmó, al tiempo que recordó antecedentes de causas por presunta violencia institucional en las que policías "posteriormente salieron absueltos de culpa y cargo".



El mandatario explicó que le pidió al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "que esté encima del tema" y que evalúe lo sucedido "con mucha prudencia".

Además, consideró que la causa no debe derivar en una descalificación general de la fuerza: "Sentí que era una imputación a toda la Policía y eso no es correcto ni está bien. La inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de Santa Fe son honestos y decentes", señaló.

No obstante, Pullaro aseguró que el Gobierno provincial no protegerá a quienes hayan cometido delitos. "Tenemos que cuidar mucho a nuestra Policía y si hay agentes que cometen delitos, sacarlos, pero hay que esperar que se consustancien las investigaciones", expresó.