El Gobierno de Santa Fe reclamó a la Nación la ampliación del sistema SUBE a la totalidad del transporte interurbano provincial para garantizar que todos los usuarios puedan acceder a la Tarifa Social Federal. Desde la gestión provincial sostienen que la falta de cobertura afecta a miles de pasajeros y agrava las diferencias en el acceso a los descuentos para los sectores más vulnerables.

Según datos oficiales, actualmente el 25% de los pasajes interurbanos se venden fuera del sistema SUBE. En un mes tomado como referencia se registraron 2.571.527 boletos, de los cuales 698.071 fueron abonados sin ese mecanismo. Esa situación, remarcaron, obliga a muchos beneficiarios de la Tarifa Social a pagar el valor completo del pasaje, cuando deberían abonar solo el 45% del costo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que la prioridad es incorporar al 100% de las empresas santafesinas al sistema. Como ejemplo, señaló que un pasajero con Tarifa Social que viaja entre Rosario y San Lorenzo paga $2.328 sobre un boleto de $5.174, mientras que quienes utilizan líneas sin SUBE deben afrontar el precio total. Casos similares se registran en trayectos como Rafaela-Bella Italia o Las Toscas-Villa Guillermina, donde el beneficio tampoco puede aplicarse.

La Provincia enmarca el reclamo en el esquema de financiamiento del transporte tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Según indicó, desde 2024 Santa Fe aportó $706.761 millones por el impuesto a los combustibles y solo recibió de regreso $133.000 millones, equivalentes al 19% de ese total, sin que esos recursos se destinaran al transporte de pasajeros. En paralelo, el gobierno santafesino aseguró haber invertido $193.039 millones de fondos propios para sostener el sistema y financiar el Boleto Educativo.

Desde la Secretaría de Transporte y Logística señalaron que continúan las gestiones para incorporar las 30 empresas que todavía permanecen fuera de la red SUBE. Además, recordaron que el reclamo fue planteado en reiteradas oportunidades ante las autoridades nacionales desde enero de 2024, mediante reuniones y expedientes formales, aunque hasta el momento, afirmaron, no obtuvieron respuestas concretas.