Dos camioneros bolivianos y un acompañante fueron imputados por integrar una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, luego de que Gendarmería Nacional secuestrara casi 400 kilos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna que circulaban en convoy por la ruta nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Susana, a unos 15 kilómetros de Rafaela.

La investigación es llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Región NEA. El juez federal de garantías Santiago Saux dispuso la prisión preventiva de los tres imputados por un plazo de 121 días, el mismo tiempo fijado para la investigación.

Durante la audiencia de formalización, los fiscales federales Gonzalo Ruggeri, de Procunar NEA, y Federico Grimm, de la Unidad Fiscal Descentralizada Rafaela, sostuvieron que los acusados actuaron como parte de una organización criminal transnacional dedicada al transporte de cocaína, cuyos restantes integrantes aún no fueron identificados.

Según la acusación, los imputados cumplieron funciones específicas dentro de un operativo destinado a trasladar por vía terrestre 388,5 kilos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 16 mochilas ocultas entre las cabinas y los tanques cisterna de los dos vehículos.


EL OPERATIVO

El procedimiento se realizó durante la madrugada del 23 de julio en un control preventivo del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, sobre el kilómetro 210 de la ruta nacional 34.

El primer camión detenido, con patente boliviana, despertó sospechas cuando su conductor se negó inicialmente a identificarse y no presentó la documentación exigida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Los gendarmes percibieron un intenso olor a combustible, una maniobra habitualmente utilizada para enmascarar el olor de la droga. Además, detectaron cinco mochilas en la cabina. Consultado sobre su contenido, el chofer respondió primero que contenían "ropa sucia", aunque poco después reconoció que transportaban "cosas prohibidas".

Con autorización judicial, los efectivos requisaron el vehículo y encontraron diez mochilas con 228 paquetes de cocaína distribuidos entre la cabina y la cisterna, con un peso total de 239 kilos.

Poco después fue interceptado el segundo camión, que circulaba en convoy. En ese vehículo viajaban el conductor y un acompañante. La requisa permitió hallar otras seis mochilas que contenían 142 ladrillos de cocaína, con un peso de 149,5 kilos.

En total, el operativo permitió secuestrar 388,5 kilos de cocaína.


HIPÓTESIS DE LA FISCALÍA

De acuerdo con la información incorporada al expediente, ambos camiones ingresaron al país por el paso fronterizo de Salvador Mazza, en Salta, el 22 de julio, con apenas 20 minutos de diferencia.

Los registros aportados por Migraciones y las imágenes de los escáneres de la Aduana de Pocitos indican que los vehículos atravesaron la frontera sin carga en el interior de las cisternas, por lo que la fiscalía presume que la droga fue incorporada posteriormente, ya en territorio argentino.

Para los fiscales, los tres acusados "obraron con dominio funcional del hecho y distribución de roles orientados a un fin común", coordinando el traslado de la droga hasta un destino previsto dentro del país. En ese marco, sostuvieron que el acondicionamiento, el ocultamiento de la cocaína, la conducción de los vehículos y las tareas de coordinación constituyeron aportes indispensables para concretar la maniobra.

Los imputados fueron acusados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, figura prevista en la Ley 23.737.

Al solicitar la prisión preventiva, la fiscalía argumentó que existen elementos suficientes para sostener la imputación, advirtió sobre el riesgo de fuga por la falta de arraigo de los acusados y recordó que el delito prevé penas de entre seis y veinte años de prisión. Además, señaló que el valor estimado de la droga secuestrada supera los 13.500 millones de pesos.

El juez Santiago Saux hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, formalizó la imputación y ordenó que los tres permanezcan detenidos durante los próximos 121 días mientras avanza la investigación.