El proceso de reducción del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei continúa su impacto letal sobre los principales organismos de ciencia y tecnología. Despidos, disminución de presupuestos, retiros voluntarios y conflictos gremiales se multiplican en instituciones estratégicas, cuyos trabajadores denuncian una pérdida sostenida de capacidades científicas y técnicas construidas durante décadas.

Uno de los focos más recientes del conflicto se abrió en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde el personal fue informado de que no serán renovados los contratos de alrededor del 20 por ciento de los trabajadores contratados, sobre una planta cercana a las 350 personas.

La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEA) advirtió que la medida compromete el funcionamiento del organismo y pone en riesgo el desarrollo de proyectos estratégicos. En un pronunciamiento conjunto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ambas organizaciones denunciaron que el Ejecutivo avanza sobre uno de los principales organismos científicos del país sin abrir instancias de diálogo con sus trabajadores.

Ante la falta de respuestas oficiales, el personal decidió ocupar las instalaciones para visibilizar el reclamo. La protesta derivó en la intervención de efectivos de Gendarmería, enviados para desalojar la medida de fuerza, en un episodio que volvió a tensar la relación entre el Gobierno y los gremios estatales.

La situación de la CNEA se suma a un escenario de creciente conflictividad en otros organismos nacionales vinculados a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), trabajadores realizaron un ruidazo luego de que las autoridades dispusieran el cierre del organismo durante dos jornadas, suspendieran la asistencia del personal en todo el país y restringieran el acceso al Parque Tecnológico Miguelete sin brindar explicaciones públicas.

La Multisectorial del INTI recordó además que permanece latente la posibilidad de unos 780 despidos anunciados por la conducción del organismo. Hasta el momento, esa medida no pudo ejecutarse debido a una cautelar obtenida por ATE Nacional.

Precisamente, la Justicia Federal resolvió en mayo impedir durante seis meses el cierre de más de 600 áreas del instituto, prohibiendo además despidos, traslados de funciones y movimientos de equipamiento técnico mientras se sustancia la causa judicial.

El ajuste también alcanzó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El Gobierno destacó esta semana que unas 900 personas adhirieron al régimen de retiros voluntarios implementado por la administración nacional. Entre quienes dejaron el organismo figuran investigadores, técnicos, profesionales y especialistas que se desempeñaban en distintas áreas de investigación y extensión agropecuaria.

En paralelo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) atraviesa un nuevo conflicto por la continuidad del recorte presupuestario. Los trabajadores convocaron a un paro nacional para denunciar el deterioro salarial, la falta de financiamiento, el vencimiento de numerosas becas posdoctorales y la pérdida constante de recursos humanos.

A esos reclamos se sumó la denuncia por la interrupción de la cobertura médica de decenas de becarios, quienes, según las organizaciones gremiales, fueron dados de baja de la obra social sin previo aviso, incluso cuando algunos se encontraban realizando tratamientos médicos.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) tampoco quedó al margen de las medidas de ajuste. ATE alertó sobre despidos, restricciones presupuestarias y la paralización de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo aeroespacial argentino.

Según los datos difundidos por el sindicato, el presupuesto previsto para la CONAE en 2026 asciende a 42.014 millones de pesos, una cifra inferior a los 51.778 millones asignados el año anterior. En términos reales, sostienen, representa una reducción cercana al 20 por ciento.

Otro organismo alcanzado por el recorte es el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde esta semana presentó nuevamente su renuncia el director Antonio Mauad. Los trabajadores informaron que entre fines de 2023 y 2025 fueron desvinculadas 121 personas y que durante este año no se renovaron otros 140 contratos, mientras persisten versiones sobre nuevas reducciones de personal.

Desde ATE sostienen que el conjunto de estas medidas configura un proceso de desarticulación del sistema científico nacional. De acuerdo con cifras difundidas por el sindicato, desde el inicio de la actual gestión se perdieron casi ocho puestos de trabajo por día en el sector. Las organizaciones gremiales describen ese escenario como un "cientificidio", al considerar que los recortes no sólo afectan el empleo, sino también la capacidad del Estado para sostener investigaciones, desarrollos tecnológicos y proyectos considerados estratégicos para el país.