La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) profundizó este martes sus críticas al Gobierno nacional y al rector de la UNR, Franco Bartolacci, a raíz de la polémica generada por la proyección del documental La Gran Palestina en una de las facultades de la casa de estudios. El sindicato calificó como un acto de "censura y amedrentamiento" la reacción oficial y cuestionó que las autoridades universitarias hayan decidido abrir una investigación administrativa sobre la actividad.

A través de un comunicado titulado "Frente al genocidio en Palestina, el único delito es el silencio", el gremio apuntó contra el presidente Javier Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a quienes acusó de intentar sancionar a integrantes de la comunidad universitaria por organizar una actividad de difusión sobre la situación del pueblo palestino.

"Consideramos intolerables las acciones de censura y amedrentamiento llevadas a cabo por el presidente Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez", sostuvo la organización sindical. Para Coad, la condena al "genocidio" en Palestina constituye "un compromiso ético, político y humanitario que debe asumir la universidad pública", al tiempo que reivindicó la democracia, el pluralismo y la libertad de expresión como pilares de la vida universitaria.

El pronunciamiento también estuvo dirigido al rector Bartolacci, quien el lunes informó al Gobierno nacional que la proyección del documental no había sido organizada ni avalada institucionalmente por la Universidad, pidió disculpas a la comunidad judía argentina y anunció la apertura de actuaciones administrativas para determinar responsabilidades y evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.

Lejos de acompañar esa postura, Coad cuestionó duramente la decisión del rector. "No menos condenable es el proceder del rector Bartolacci, quien en lugar de defender la libertad de expresión de su comunidad se hizo eco de la intimación del Gobierno nacional", señaló el comunicado.

En esa línea, el gremio advirtió que "la censura y la intervención del Área Jurídica de la Universidad para sancionar a compañeras y compañeros no será tolerada" y rechazó "el ejercicio de una policía del pensamiento que pretenda establecer qué actividades y qué temas pueden ser debatidos en la universidad y cuáles no".

El sindicato ratificó además que impulsará "las acciones gremiales necesarias" para defender la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la libertad de expresión y los puestos de trabajo de los docentes que pudieran resultar alcanzados por eventuales medidas disciplinarias.

En otro tramo del documento, Coad sostuvo que "la difusión y denuncia de un genocidio es en sí misma un acto contra la crueldad, contra el silencio y en favor de la vida y la paz", y afirmó que perseguir a quienes promueven ese tipo de actividades "significa un acto de complicidad con los genocidas".

Asimismo, el gremio remarcó que "la lucha contra el genocidio no necesita de avales institucionales ni de autorizaciones oficiales", aunque recordó que, desde el punto de vista jurídico, la situación en Palestina ha sido objeto de pronunciamientos de organismos internacionales y que distintos órganos de cogobierno de la propia UNR ya se habían expresado en repudio de los ataques contra la población palestina.

Finalmente, Coad expresó su solidaridad con los integrantes de la cátedra libre "Said-Fanon. Acercamientos a las sociedades del sur global", organizadora de la proyección del documental que desencadenó la controversia política e institucional.

La respuesta del gremio profundiza el conflicto abierto luego de que el Gobierno nacional cuestionara públicamente la exhibición de La Gran Palestina, al sostener que la producción tendría vínculos con Hamas, organización considerada terrorista por el Estado argentino. Mientras la conducción de la UNR buscó despegar institucionalmente a la Universidad de la actividad y anunció una investigación interna, el principal sindicato docente denunció un intento de disciplinamiento político y reafirmó su defensa de la autonomía universitaria y la libertad de expresión.