El gobierno de Santa Fe alcanzó este jueves la cifra de 125 inmuebles vinculados al narcomenudeo demolidos o inactivados desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, una de las principales herramientas impulsadas por la gestión de Maximiliano Pullaro para intervenir en la venta minorista de drogas.

La marca se alcanzó a partir de la demolición de un búnker ubicado en Castellanos al 2600, frente al Mercado de Productores de Rosario, en barrio San Francisquito, y de otros dos operativos realizados en simultáneo en la ciudad de Esperanza. Las intervenciones fueron supervisadas por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La ley, sancionada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada poco después por el Ejecutivo provincial, habilitó a la Justicia y a las fuerzas de seguridad a avanzar sobre inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes. Los derribos comenzaron a ejecutarse a principios de 2024 y forman parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno provincial, fiscales, jueces, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y municipios.

Durante el operativo, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que las demoliciones representan el cierre de un proceso que se inicia con la denuncia vecinal y continúa con la investigación judicial. Según afirmó, los inmuebles intervenidos no son únicamente lugares de venta de drogas sino espacios asociados a otras formas de violencia que afectan la vida cotidiana en los barrios.

“Estos derribos son la consolidación de un procedimiento que comienza con la denuncia de los vecinos, continúa con la investigación y culmina con la demolición del inmueble. No hablamos únicamente de puntos de venta de drogas; hablamos de lugares asociados a la violencia, las balaceras, los homicidios y la degradación social de los barrios”, señaló el funcionario.

Pereira precisó además que el procedimiento realizado este jueves fue el número 71 concretado en Rosario y el número 80 dentro del departamento Rosario, cifras que reflejan la concentración de este tipo de intervenciones en el principal conglomerado urbano de la provincia.

La investigación que derivó en el derribo fue impulsada por la Unidad Especializada en Microtráfico del MPA. El fiscal César Cabrera explicó que la causa se originó a partir de información obtenida mediante denuncias realizadas por vecinos a través del sistema 911, una herramienta que el gobierno provincial promueve como uno de los principales canales para detectar puntos de venta de drogas.

Según detalló el fiscal, tras el análisis y cruce de datos se verificó la actividad ilícita y se avanzó con los procedimientos judiciales. En el lugar funcionaba una estructura precaria utilizada para la comercialización de estupefacientes, mientras que la vivienda posteriormente demolida era utilizada para almacenar la droga.

Durante los allanamientos se secuestraron dosis de cocaína y marihuana destinadas a la venta minorista. Además, fueron detenidas cuatro personas vinculadas al funcionamiento del búnker.

No obstante, Cabrera aclaró que los arrestados ocupaban los escalones más bajos dentro de la cadena de comercialización. Según indicó, aún no pudo determinarse a qué organización criminal respondía el punto de venta, aunque advirtió que este tipo de actividades suele encontrarse bajo la órbita de estructuras delictivas más complejas.

La demolición se inscribe en una política que el gobierno provincial exhibe como uno de los ejes de su estrategia de seguridad. Desde la Casa Gris sostienen que la eliminación física de los búnkeres impide la reutilización de los inmuebles para actividades ilegales y contribuye a recuperar espacios que, en muchos casos, se habían convertido en focos permanentes de conflictividad y violencia barrial.

Con los tres procedimientos realizados este jueves, la administración de Pullaro alcanzó así los 125 derribos desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, una cifra que el Ejecutivo presenta como uno de los principales indicadores de su política contra el narcomenudeo en territorio santafesino.