La Justicia provincial confirmó en segunda instancia las principales condenas dictadas contra una organización criminal investigada por una serie de violentos robos bajo la modalidad de “golpe comando” cometidos en Rosario y localidades cercanas entre 2021 y 2022.

La resolución, notificada este lunes tras una audiencia de Cámara realizada en Rosario, rechazó las apelaciones de las defensas y dejó firmes las penas impuestas en el juicio oral concluido a fines de 2024.

El fallo de los jueces Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Francisco Beltramone ratificó la condena más severa contra Luis C., señalado por la Fiscalía como jefe y organizador de la estructura delictiva. Deberá cumplir 38 años de prisión efectiva y afrontar una multa superior a los 13 millones de pesos por delitos que incluyen asociación ilícita, múltiples robos agravados, tentativa de homicidio, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

También fue confirmada la condena de 20 años de prisión para Luciano G., considerado integrante de la banda y acusado de participar en varios de los asaltos investigados. A su vez, Marcelo F. recibió una pena de ocho años de cárcel como miembro de la asociación ilícita y coautor de uno de los robos. En tanto, Lorena C., empleada policial al momento de los hechos, fue condenada a tres años de prisión efectiva.

Según la acusación sostenida en juicio por la fiscal Juliana González, el grupo funcionaba con una organización estable, reparto de tareas, jerarquías internas, logística, armamento y tareas de inteligencia previa. El objetivo era cometer una cantidad indeterminada de delitos patrimoniales, principalmente asaltos armados contra empresas, comercios y domicilios.

La investigación atribuyó a Luis C. el rol de conductor del entramado criminal: coordinaba operaciones, organizaba reuniones y brindaba apoyo a miembros detenidos, incluso facilitándoles medios de comunicación. Para la Fiscalía, la estructura no sólo ejecutaba robos sino que además desplegaba mecanismos destinados a ocultar dinero, armas, vehículos y bienes obtenidos ilegalmente.

Entre los hechos atribuidos aparecen ataques contra firmas comerciales y empresas de Rosario. Uno de ellos ocurrió en febrero de 2021 en un local de la zona de Jorge Newbery al 9100, donde un grupo armado redujo a empleados y clientes, sustrajo dinero, celulares y un automóvil.

Otro episodio investigado tuvo lugar en julio de 2021 en Ovidio Lagos al 6200, cuando los asaltantes ingresaron a una vivienda lindera a un galpón maderero mediante un engaño vinculado con la compra de un automóvil. Ya dentro del inmueble, redujeron a la víctima, accedieron a una caja fuerte con herramientas de corte y se llevaron dinero, cheques y otros bienes.

La causa también incluyó el robo a la hormigonera Polimix, en octubre de 2021, donde un grupo armado irrumpió en las oficinas, redujo a trabajadores, rompió una caja fuerte y huyó con casi dos millones de pesos; un asalto a instalaciones de La Virginia; un golpe a una arenera de Granadero Baigorria con robo de dólares, efectivo y vehículos; y una entradera en barrio Bella Vista que terminó con un detenido y otros sospechosos prófugos.

Además del capítulo vinculado a los robos, la investigación incorporó una tentativa de homicidio ocurrida en diciembre de 2021 en Villa Gobernador Gálvez. Según la acusación, Luis C. y otros dos hombres dispararon contra tres personas. Una de las víctimas sufrió una lesión medular irreversible que le provocó paraplejia y secuelas permanentes.

Otro tramo del expediente abordó presuntas maniobras de lavado de dinero. La Fiscalía sostuvo que el supuesto líder de la banda utilizó fondos provenientes de actividades ilícitas para adquirir vehículos de alta gama y otros bienes con apariencia de legalidad.

Uno de los aspectos más sensibles de la causa involucró a Lorena C., empleada de la Policía de Santa Fe. Los investigadores le atribuyeron haber filtrado información reservada sobre la pesquisa, alertado a integrantes del grupo sobre seguimientos y brindado recomendaciones para dificultar las tareas investigativas, como el uso de teléfonos alternativos o el descarte de aparatos utilizados en los delitos.

La causa tiene además una larga lista de personas ya condenadas en instancias anteriores por distintos grados de participación, desde encubrimiento hasta integración de la asociación ilícita.

Con la decisión de la Cámara, las condenas centrales quedaron confirmadas y la investigación judicial sobre una de las bandas vinculadas a robos organizados más complejas investigadas en la región sumó un nuevo respaldo en tribunales.