El gobernador Maximiliano Pullaro prorrogó por un año la vigencia de la Emergencia en Materia Social, Educativa y Sanitaria en toda la provincia de Santa Fe, medida que comenzará a regir desde el 23 de junio de 2026 y que fue formalizada por decreto este lunes.

Según sostiene la norma, continúan vigentes las "condiciones sociales, económicas y sanitarias" que motivaron la declaración de emergencia aprobada originalmente por la Legislatura.

Entre otros indicadores, el decreto cita datos de pobreza e indigencia a nivel nacional y provincial, el "aumento" de situaciones vinculadas a consumos problemáticos y la "creciente presión" sobre el sistema público de salud.

La continuidad de la emergencia le permitirá al Gobierno santafesino seguir conservando herramientas administrativas especiales para afrontar demandas crecientes en salud, educación y asistencia social, en un escenario económico que la propia gestión provincial define como "complejo".

La prórroga se produce además en un contexto de tensión entre las provincias y la administración nacional, por la caída de los recursos coparticipables y de otras transferencias de origen federal.

Es que gobernadores de distintas provincias vienen manifestando su preocupación por esta reducción de fondos, y hasta el mismo Pullaro cuestionó en reiteradas oportunidades la decisión del presidente Javier Milei de eliminar o reducir programas y transferencias que anteriormente financiaba el Estado nacional.

Asimismo, es sabido que el giro de recursos suele ser una cuestión de negociación en momentos de tensión política, donde se pueden tratar cuestiones sensibles en el Congreso nacional y en donde los gobernadores de Unidos pueden oficiar tanto de aliados como de enemigos estratégicos.

Fue así que con el escándalo Adorni en pleno auge legislativo, la semana pasada Milei anunció la posibilidad de otorgar adelantos financieros por hasta 400.000 millones de pesos a provincias consideradas fiscalmente ordenadas, entre ellas Santa Fe.

No obstante, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, sostuvo que la provincia "mantiene equilibrio fiscal" y que "no prevé" utilizar esos recursos en el corto plazo. Una sentencia económica que, en términos de análisis político, busca demarcar la cancha y mantener el clima de negociación expectante y tensión.

Por eso está previsto que, el próximo jueves, Pullaro participe en Resistencia de una reunión con sus pares de Chaco, Leandro Zdero, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Allí analizarán "alternativas conjuntas" para reclamar ante la Nación por la caída de los fondos que reciben las provincias. Una manera de adelantarse y fijar postura frente a esta nueva discusión de partidas adeudadas, pero que sobretodo apunta a volver a definir el tablero legislativo.


SOBRE LA EMERGENCIA

La emergencia fue creada con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y a la salud, fortalecer la seguridad alimentaria y sostener los mecanismos de promoción y protección de derechos. Las áreas responsables de su implementación son los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Educación y Salud.

La vigencia de la emergencia habilita al Ejecutivo a sostener procedimientos excepcionales de contratación y ejecución de gastos en áreas consideradas críticas, una herramienta que el Gobierno considera clave para dar respuestas rápidas en materia sanitaria, educativa y social.

En materia sanitaria, el Gobierno provincial sostuvo que la crisis económica nacional generó una mayor demanda sobre hospitales y centros de salud públicos debido a la pérdida de cobertura de parte de beneficiarios de obras sociales.

También afirmó que la interrupción o reducción de programas nacionales, junto con dificultades en la provisión de medicamentos, insumos críticos y vacunas, obligó a la Provincia a reforzar recursos propios para sostener las prestaciones.

El Ejecutivo destaca finalmente que durante la vigencia de la emergencia los efectores de salud realizaron más de 2.500 gestiones entre licitaciones aceleradas y contrataciones directas de emergencia para sostener el funcionamiento de hospitales y centros de salud.