La protección de los consumidores y usuarios podría dar un salto institucional en Santa Fe. El diputado provincial Miguel Rabbia, acompañado por el interbloque peronista, presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, una iniciativa que busca actualizar el marco normativo vigente a partir de los nuevos derechos incorporados en la reforma de la Constitución provincial de 2025 y dotar al Estado de herramientas más amplias para intervenir frente a conflictos de consumo.

La propuesta, elaborada con aportes de organizaciones especializadas como el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), plantea un cambio de enfoque respecto de los mecanismos actuales. Según explicó Rabbia, el objetivo es superar una lógica centrada exclusivamente en la resolución de reclamos individuales y avanzar hacia una política pública integral que contemple prevención, educación, control y acceso efectivo a la justicia.

El proyecto establece un conjunto de principios rectores para orientar las acciones estatales en materia de consumo y fija obligaciones para la administración provincial en áreas como la educación para el consumo responsable, la promoción de prácticas sustentables, la transparencia en las relaciones comerciales, el acceso a la información y la prevención de conductas abusivas.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la incorporación de políticas específicas para abordar el creciente problema del sobreendeudamiento de las familias. El texto prevé que las entidades financieras y no financieras que otorguen créditos de consumo deban implementar protocolos destinados a evaluar la capacidad de pago de los solicitantes, brindar información clara sobre las condiciones de contratación y adoptar medidas especiales para personas en situación de vulnerabilidad.

Además, la propuesta alcanza no sólo a bancos sino también a mutuales, cooperativas, comercios y casas de electrodomésticos que operen mediante créditos vinculados a la venta de bienes.



Como herramienta para atender estas situaciones, el proyecto crea un servicio de "Conciliación Administrativa de Saneamiento del Sobreendeudamiento", destinado a facilitar acuerdos entre consumidores y acreedores antes de llegar a instancias judiciales.

La iniciativa también diseña una nueva arquitectura institucional para la defensa de consumidores. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la provincia –o el organismo que la reemplace–, con facultades para desplegar políticas de prevención, realizar inspecciones, aplicar sanciones y coordinar acciones con municipios y organismos nacionales.


ACUERDOS Y REDES

Otro de los ejes es la descentralización territorial. El proyecto contempla el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), la creación de una Red Provincial de coordinación y la puesta en marcha de una Oficina Virtual de Defensa de las Personas Consumidoras, que permitiría realizar reclamos y trámites de manera digital desde cualquier punto de la provincia.

La iniciativa establece además que los municipios podrán asumir mayores competencias mediante convenios con la Provincia, incluyendo facultades para tramitar expedientes y aplicar sanciones, con financiamiento derivado de las multas efectivamente cobradas.

En materia de procedimientos, el texto impulsa la digitalización de las actuaciones administrativas, la realización de audiencias virtuales y la creación de mecanismos gratuitos de notificación para consumidores, incluyendo la posibilidad de implementar un "telegrama electrónico de consumo".

También prevé la constitución de un Consejo Asesor de los Consumidores integrado por universidades, asociaciones de defensa del consumidor, colegios profesionales, representantes del Poder Judicial, cámaras empresarias, legisladores y oficinas municipales. Su función será colaborar en el diseño y evaluación de las políticas públicas vinculadas a la protección de usuarios y consumidores.

La presentación del proyecto se inscribe en una agenda legislativa impulsada por el espacio político que encabeza el senador nacional Marcelo Lewandowski, que en las últimas semanas promovió iniciativas vinculadas al control de los intereses de las tarjetas de crédito y la prevención del endeudamiento familiar.

Antes de su tratamiento legislativo, los impulsores de la propuesta plantearon la realización de audiencias públicas para recoger opiniones de organizaciones sociales, especialistas, asociaciones de consumidores y actores económicos. El objetivo es consensuar una norma que, de aprobarse, se convertiría en el marco regulatorio más amplio en materia de defensa del consumidor que haya tenido Santa Fe en las últimas décadas.