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Otro negocio millonario: Milei adjudicó la hidrovía Paraná por 25 años
El gobierno de Javier Milei cerró una de las licitaciones más importantes de su gestión con un resultado que dista de la promesa de renovación y competencia que había acompañado el proceso: la e...
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El gobierno de Javier Milei cerró una de las licitaciones más importantes de su gestión con un resultado que dista de la promesa de renovación y competencia que había acompañado el proceso: la empresa belga Jan De Nul, que controla las tareas de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay desde hace tres décadas, continuará al frente del negocio durante los próximos 25 años.
La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que declaró ganadora a la unión transitoria conformada por Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. Así, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas seguirá bajo control de los mismos actores que vienen operándola desde los años noventa.
La decisión implica entregar por un cuarto de siglo la administración de un corredor estratégico por el que circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales y a través del cual ingresan la mayor parte de los dólares que sostienen la economía argentina.
Aunque desde el Ministerio de Economía presentaron el resultado como una "licitación histórica", el desenlace alimentó cuestionamientos por la continuidad de un esquema que beneficia a un reducido grupo de empresas vinculadas al negocio portuario y logístico.
NEGOCIO MULTIMILLONARIO
Las cifras explican la magnitud de la disputa. Según las propias proyecciones oficiales, la concesionaria podría facturar unos 628 millones de dólares anuales. En 25 años, los ingresos acumulados superarían los 15.700 millones de dólares, sin descartar una eventual extensión contractual de hasta cinco años más.
Se trata de una de las cajas más importantes de la economía argentina: el cobro de peajes, el dragado y el balizamiento de la principal autopista fluvial del país garantizan ingresos permanentes en un sector donde confluyen exportadoras agroindustriales, puertos privados y grandes grupos económicos.
En ese contexto, la continuidad de Jan De Nul despierta interrogantes sobre el alcance real de la competencia promovida por el Gobierno y sobre quiénes resultarán beneficiados por los contratos derivados de la concesión.
NOMBRES DETRÁS DEL NEGOCIO
Las sospechas crecieron en las últimas semanas luego de que trascendieran versiones sobre la participación de grupos empresarios cercanos al oficialismo en tareas vinculadas a la nueva concesión.
El periodista Alejandro Bercovich señaló en C5N que el Grupo Neuss aparece como uno de los probables subcontratistas de las obras que deberá ejecutar Jan De Nul. Los hermanos Neuss mantienen una reconocida cercanía con Santiago Caputo, uno de los hombres más influyentes del entorno presidencial.
Según esos planteos, alrededor de la nueva concesión también orbitan otros grupos económicos vinculados a empresarios del sector portuario y energético, entre ellos los propietarios de Servimagnus, encabezados por Ricardo Román y su familia.
La posibilidad de que compañías con vínculos políticos o empresariales cercanos al oficialismo obtengan participación en contratos derivados de la Hidrovía añade un nuevo elemento de controversia a una licitación que el Gobierno buscó presentar como un ejemplo de transparencia.
ESTRATÉGICO Y PRIVATIZADO
La adjudicación también reabre el debate sobre el control de una infraestructura considerada clave para la soberanía económica del país. Durante años, distintos sectores políticos, académicos y sindicales reclamaron una mayor participación estatal en la gestión de la Hidrovía, argumentando que se trata de una herramienta fundamental para fiscalizar exportaciones, combatir el contrabando y controlar el flujo de divisas.
Sin embargo, la administración libertaria optó por profundizar el esquema de concesión privada mediante un contrato de largo plazo que deja en manos empresarias la operación, el mantenimiento y la modernización de la vía navegable.
Mientras el Gobierno destaca que la concesión se realizará sin aportes directos del Estado y promete una reducción de costos logísticos para los exportadores, los críticos advierten que la medida consolida un modelo donde un recurso estratégico permanece bajo control privado durante décadas y donde los principales beneficiarios vuelven a ser actores ya instalados en el negocio.
Con la firma definitiva prevista para las próximas semanas, la gestión de Milei sellará una decisión que comprometerá la administración de la principal arteria comercial de la Argentina hasta mediados de siglo, en un escenario donde las promesas de cambio terminaron derivando, una vez más, en la continuidad de los mismos protagonistas.
La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que declaró ganadora a la unión transitoria conformada por Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. Así, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas seguirá bajo control de los mismos actores que vienen operándola desde los años noventa.
La decisión implica entregar por un cuarto de siglo la administración de un corredor estratégico por el que circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales y a través del cual ingresan la mayor parte de los dólares que sostienen la economía argentina.
Aunque desde el Ministerio de Economía presentaron el resultado como una "licitación histórica", el desenlace alimentó cuestionamientos por la continuidad de un esquema que beneficia a un reducido grupo de empresas vinculadas al negocio portuario y logístico.
NEGOCIO MULTIMILLONARIO
Las cifras explican la magnitud de la disputa. Según las propias proyecciones oficiales, la concesionaria podría facturar unos 628 millones de dólares anuales. En 25 años, los ingresos acumulados superarían los 15.700 millones de dólares, sin descartar una eventual extensión contractual de hasta cinco años más.
Se trata de una de las cajas más importantes de la economía argentina: el cobro de peajes, el dragado y el balizamiento de la principal autopista fluvial del país garantizan ingresos permanentes en un sector donde confluyen exportadoras agroindustriales, puertos privados y grandes grupos económicos.
En ese contexto, la continuidad de Jan De Nul despierta interrogantes sobre el alcance real de la competencia promovida por el Gobierno y sobre quiénes resultarán beneficiados por los contratos derivados de la concesión.
NOMBRES DETRÁS DEL NEGOCIO
Las sospechas crecieron en las últimas semanas luego de que trascendieran versiones sobre la participación de grupos empresarios cercanos al oficialismo en tareas vinculadas a la nueva concesión.
El periodista Alejandro Bercovich señaló en C5N que el Grupo Neuss aparece como uno de los probables subcontratistas de las obras que deberá ejecutar Jan De Nul. Los hermanos Neuss mantienen una reconocida cercanía con Santiago Caputo, uno de los hombres más influyentes del entorno presidencial.
Según esos planteos, alrededor de la nueva concesión también orbitan otros grupos económicos vinculados a empresarios del sector portuario y energético, entre ellos los propietarios de Servimagnus, encabezados por Ricardo Román y su familia.
La posibilidad de que compañías con vínculos políticos o empresariales cercanos al oficialismo obtengan participación en contratos derivados de la Hidrovía añade un nuevo elemento de controversia a una licitación que el Gobierno buscó presentar como un ejemplo de transparencia.
ESTRATÉGICO Y PRIVATIZADO
La adjudicación también reabre el debate sobre el control de una infraestructura considerada clave para la soberanía económica del país. Durante años, distintos sectores políticos, académicos y sindicales reclamaron una mayor participación estatal en la gestión de la Hidrovía, argumentando que se trata de una herramienta fundamental para fiscalizar exportaciones, combatir el contrabando y controlar el flujo de divisas.
Sin embargo, la administración libertaria optó por profundizar el esquema de concesión privada mediante un contrato de largo plazo que deja en manos empresarias la operación, el mantenimiento y la modernización de la vía navegable.
Mientras el Gobierno destaca que la concesión se realizará sin aportes directos del Estado y promete una reducción de costos logísticos para los exportadores, los críticos advierten que la medida consolida un modelo donde un recurso estratégico permanece bajo control privado durante décadas y donde los principales beneficiarios vuelven a ser actores ya instalados en el negocio.
Con la firma definitiva prevista para las próximas semanas, la gestión de Milei sellará una decisión que comprometerá la administración de la principal arteria comercial de la Argentina hasta mediados de siglo, en un escenario donde las promesas de cambio terminaron derivando, una vez más, en la continuidad de los mismos protagonistas.
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