POR CELIA ARENA (*)

En un aula de Córdoba falta Agostina. Y cuando falta una alumna de 14 años porque fue víctima de femicidio, el dolor, la indignación o los discursos se vuelven insuficientes: se necesita algo mucho más concreto, algo muy puesto en cuestión en estos tiempos: presencia estatal. El Estado es quien tiene la obligación legal de prevenir, cuidar y llegar a tiempo.

La última semana hubo al menos tres femicidios en la Argentina. Podríamos hablar sobre cualquiera de ellos, similares en el dolor y la magnitud de su gravedad o podríamos hablar de las cifras, las estadísticas o los informes que año tras año vuelven a indicarnos la persistencia de una violencia que sigue llevándose vidas de mujeres y niñas en nuestro país.

Sin embargo hoy quiero detenerme en Agostina, porque su historia nos obliga a mirar algunas de las preguntas que más nos incomodan.

Agostina Vega tenía 14 años. Era una adolescente, una estudiante, una compañera, una hija. Su femicidio nos vuelve a poner frente a una verdad dolorosa: cada vez que una niña o una adolescente queda sola frente a una situación de violencia significa que fallaron las herramientas para detectar, acompañar o pedir ayuda.

Las palabras de sus docentes son el punto de partida más honesto porque hablaron desde el aula, desde el pupitre vacío, desde la ausencia concreta de una alumna que ya no vuelve. Y desde ahí dijeron algo importantísimo que requiere que escuchemos: la ESI, la perspectiva de género y la formación en derechos son herramientas imprescindibles para la prevención, entonces, cuando se recorta la ESI, cuando se desfinancia la prevención, cuando se ridiculiza la perspectiva de género, no se está dando una batalla cultural inocua: se están debilitando herramientas concretas que pueden salvar vidas.

Sin duda la escuela no puede ni debe hacerlo todo, pero si puede ver antes, puede escuchar antes, puede activar antes y para que eso funcione es imprescindible la ESI, propuestas de formación docente, protocolos claros y redes estatales que respondan. En nivel inicial, la ESI enseña a nombrar el cuerpo, cuidar la intimidad, decir que no y pedir ayuda. En primaria, permite reconocer abusos, grooming, violencia, discriminación y vínculos desiguales. En la secundaria, trabaja el consentimiento, la violencia en el noviazgo, la salud sexual, las redes sociales, la autonomía, el proyecto de vida y derechos. Todas herramientas de cuidado y no contenidos ideológicos.

Sería irresponsable afirmar que la ESI, por sí sola, evita los femicidios, pero si podemos encontrar evidencia seria que nos muestra su importancia, como cuando Unesco sostiene que la educación sexual integral de calidad, adecuada a la edad y basada en evidencia, mejora conocimientos, actitudes y prácticas de cuidado, y es más efectiva cuando aborda explícitamente género y poder ó en Argentina, el relevamiento #EsConESI que mostró que casi la mitad de adolescentes y jóvenes encuestados pudo identificar situaciones propias de violencia a partir de recibir ESI.

Ó el Plan ENIA, que a través de la articulación entre educación, salud y políticas públicas sostenidas, redujo un 50% la tasa de fecundidad adolescente entre 2018 y 2023 y evitó aproximadamente 94.000 embarazos no intencionales. Por eso defender la ESI es defender una política concreta de cuidado, prevención y acceso a derechos.

A 11 años de la primera marcha del Ni Una Menos, el femicidio de Agostina nos encuentra de nuevo con la misma pregunta sin respuesta suficiente: ¿qué está haciendo el Estado para llegar antes? No lo pregunto como reproche vacío, sino porque estoy convencida de que hay respuestas posibles, porque hay leyes que lo ordenan, porque hay obligaciones legales que el Estado tiene y no cumple y que no debemos convalidar mirando para otro lado. El Estado debe garantizar políticas públicas, presupuesto, formación, protocolos, equipos interdisciplinarios, acceso a la justicia y respuestas rápidas y al mismo tiempo, como sociedad, tenemos una tarea cotidiana: transformar los espacios más pequeños donde se aprenden, se toleran o se reproducen las violencias.

Una mujer, niña, adolescente, no vive solamente en expedientes, comisarías o ministerios. Vive en una casa, en una escuela, en una plaza, en un club, en una parada de colectivo, en un grupo de WhatsApp, en una red social, en un barrio. Por eso, la prevención real requiere que esos espacios sean más igualitarios, más atentos, más amables y más seguros para nuestras niñas, adolescentes y jóvenes. Se necesita un Estado presente que fortalezca a las familias, a los docentes y a las comunidades para que puedan cuidar mejor. Una escuela sin ESI, sin equipos, sin formación y sin protocolos queda sola. Una familia que no sabe dónde pedir ayuda queda sola. Una docente que detecta una situación de violencia pero no tiene red institucional queda sola. Una adolescente que no puede nombrar lo que le pasa queda sola.

La responsabilidad social empieza en gestos concretos: no romantizar vínculos desiguales entre adultos y adolescentes; no minimizar señales de control o aislamiento; no repetir frases como “seguro se fue con alguien”; no burlarse de la perspectiva de género; no tratar la violencia como un problema privado; no convertir el dolor de una familia en espectáculo; no dejar sola a una chica cuando pide ayuda, aunque no lo diga con las palabras exactas.

La prevención empieza mucho antes de la denuncia. Empieza cuando una niña aprende que su cuerpo le pertenece, cuando una adolescente puede reconocer que el control no es amor, cuando una docente sabe cómo actuar frente a una señal de alerta. Cuando un club, una escuela o una familia dejan de encubrir al varón violento “porque es conocido”, cuando una comunidad entiende que cuidar no es vigilar: es construir condiciones para que las chicas puedan vivir libres, acompañadas y sin miedo.

El Estado tiene la obligación legal de estar, como sociedad tenemos la responsabilidad ética de cambiar, nuestras tareas no son opuestas; son complementarias.

Los tres femicidios ocurridos esta semana nos duelen, nos conmueven y nos interpelan y también nos obligan a una reflexión más profunda: preguntarnos qué falló, qué señales no fueron escuchadas, qué respuestas no llegaron, qué herramientas faltaron. Y, sobre todo, qué estamos dispuestos a hacer para que la próxima semana no tengamos que volver a MARCHAR para PEDIR JUSTICIA POR otras mujeres asesinadas.

Frente al femicidio de Agostina, y frente a cada ausencia que duele en las aulas argentinas, la respuesta no puede ser menos ESI, menos perspectiva de género y menos Estado. Tiene que ser más cuidado, más derechos, más escucha y más herramientas concretas para llegar antes. Porque la verdadera medida de la demanda de justicia es la capacidad de evitar que esa tragedia ocurra.



(*) Diputada de la provincia de Santa Fe y ex ministra de Género e Igualdad.