La Resolución Nº32 que el Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial reglamenta la desregulación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Y de inmediato sumó nuevas críticas desde el sector encargado de realizar los controles vehiculares. El director de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, Carlos López, cuestionó con dureza la medida impulsada por la administración de Javier Milei y advirtió que abre la puerta a un sistema sin garantías de independencia ni imparcialidad en las inspecciones.

En declaraciones a LT8, López sostuvo que la nueva resolución profundiza los problemas que ya planteaba el decreto presidencial que modificó el régimen de la RTO. “Esta resolución reglamenta el decreto que ya estaba cuestionado por inconstitucional. Profundiza el error y va en la misma dirección: abre la alternativa para que talleres mecánicos, importadores y concesionarios de autos puedan inscribirse para realizar revisiones técnicas”, señaló.

El dirigente recordó que la verificación técnica vehicular es una competencia de las provincias y remarcó que las modificaciones impulsadas por la Nación no tienen aplicación automática en los distritos que no adhieran al nuevo esquema. “Las RTO son competencia exclusiva de las provincias. Por lo tanto, esto no tiene aplicación hasta tanto cada provincia resuelva adherir. Mientras Santa Fe no adhiera, ni el decreto ni la resolución entran en vigencia aquí”, explicó.

En ese sentido, destacó que otras jurisdicciones ya manifestaron su rechazo a la iniciativa nacional. “Buenos Aires y Córdoba adelantaron que no adherirán y que incluso multarán a quienes realicen la revisión técnica en talleres mecánicos”, afirmó.

El principal cuestionamiento de López apunta al criterio de independencia que, según sostiene, debe regir en toda inspección vehicular. A su juicio, permitir que un mismo establecimiento diagnostique fallas y, al mismo tiempo, ofrezca repararlas genera un evidente conflicto de intereses.

“Esto es una cosa de vale todo. La RTO es una actividad única que se desarrolla bajo parámetros de independencia e imparcialidad, y esta resolución no los garantiza. Llevo el vehículo a un mecánico amigo, revisa el auto, detecta una anomalía y después vende el repuesto o realiza la reparación. Eso transforma en nula la revisión porque deja de ser un diagnóstico independiente”, argumentó.

La decisión del gobierno nacional fue presentada como una medida orientada a reducir burocracia, ampliar la oferta de prestadores y disminuir costos para los usuarios. Sin embargo, desde la cámara santafesina consideran que una eventual apertura del sistema debería realizarse respetando los requisitos técnicos que actualmente rigen para los centros de inspección.

“Si la intención del gobierno es que entren nuevos jugadores, debe ser dentro de las reglas de juego. No mediante un vale todo”, sostuvo López, quien además cuestionó la falta de diálogo con las autoridades nacionales. “La conversación con el gobierno es muy difícil. Debe haber otros intereses que desconocemos”, agregó.

El referente empresarial también rechazó la modificación de los plazos de revisión establecidos por la nueva normativa y planteó que la prioridad debería estar puesta en la prevención de siniestros viales. Según indicó, una parte significativa de los accidentes tiene relación con el estado mecánico de los vehículos.

“Entre el 22 y el 25 por ciento de los siniestros viales están vinculados con cuestiones de seguridad vehicular. En Santa Fe, cuando los autos llegan por primera vez a la revisión, a los tres años de uso, siete de cada diez presentan anomalías de distinta gravedad. El cambio de frecuencia tampoco responde a una cuestión técnica”, aseguró.

Mientras el debate continúa abierto, la aplicación efectiva de las modificaciones dependerá de la decisión que adopten las provincias. En Santa Fe, por el momento, el sistema de revisión técnica seguirá funcionando bajo el esquema vigente, a la espera de una definición política sobre la adhesión o no a la nueva normativa nacional.