La Cámara de Diputados de Santa Fe volverá a poner sobre la mesa el debate por la llamada "ley antitrapitos". La comisión de Seguridad Pública convocó para este miércoles, desde las 13.30, a una reunión conjunta con el objetivo de intercambiar opiniones y avanzar en consensos que permitan destrabar una iniciativa que lleva semanas empantanada entre diferencias políticas, cuestionamientos institucionales y críticas de distintos sectores sociales y religiosos.

La jornada tendrá además un componente particular: los legisladores volverán a recibir a representantes de la Pastoral Social de Rosario y de Santa Fe, así como al Foro contra la Impunidad y por la Justicia, espacios que manifestaron reparos al proyecto y cuya intervención contribuyó a postergar el tratamiento previsto semanas atrás.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo a través del senador rosarino Ciro Seisas, y ya aprobada por la Cámara Alta, propone declarar ilegal el cobro por el cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización estatal.

También prohíbe el lavado de autos en la calle sin habilitación y establece multas y arrestos para quienes reincidan o desarrollen la actividad de manera organizada.

Sin embargo, el debate excede la cuestión punitiva. Desde que el expediente desembarcó en Diputados, distintos sectores comenzaron a reclamar una discusión más amplia sobre el abordaje social del fenómeno y las responsabilidades que asumirán tanto la Provincia como los municipios.




LAS DIFERENCIAS INTERNAS TAMBIÉN JUEGAN

Aunque el gobernador Maximiliano Pullaro respaldó públicamente la iniciativa y llegó a involucrar a parte de su gabinete para destrabarla cuando encontraba obstáculos en el Senado, el proyecto terminó encontrando sus principales resistencias dentro del propio frente Unidos.

El socialismo fue uno de los espacios que planteó la necesidad de incorporar una mirada menos centrada en las sanciones y más orientada a las políticas de inclusión. Incluso impulsó una ronda de consultas con distintos actores antes de avanzar con el tratamiento legislativo.

En ese marco ya pasaron por la Legislatura representantes de las principales ciudades santafesinas, quienes coincidieron en la necesidad de regular la problemática, aunque pidieron evitar que la futura ley les transfiera nuevas responsabilidades operativas o presupuestarias.

Uno de los puntos de discusión sigue siendo quién deberá hacerse cargo de implementar el denominado "componente social" de la norma, que contempla la creación de un registro provincial de cuidacoches, programas de capacitación laboral e incentivos para su incorporación al mercado formal de trabajo.




EL PRONUNCIAMIENTO DE LA IGLESIA

La controversia sumó un nuevo capítulo cuando el Arzobispado de Rosario y la Pastoral Social cuestionaron públicamente el proyecto. Tras reunirse con trabajadores de la actividad, plantearon que el camino debería ser "ordenar y regular" la tarea en lugar de prohibirla.

La postura generó repercusiones dentro del oficialismo. El diputado y pastor evangélico Walter Ghione salió a rechazar esos planteos y defendió una prohibición más estricta, argumentando que la actividad está asociada a situaciones de extorsión, control territorial y consumo problemático.

Ese cruce entre sectores religiosos terminó impactando en el cronograma legislativo. Diputados decidió suspender el tratamiento previsto hace dos semanas y abrir una nueva instancia de diálogo con los actores involucrados, proceso que tendrá este miércoles uno de sus capítulos más relevantes.

La expectativa ahora pasa por encaminar un proyecto que, pese al respaldo político del gobierno provincial y de los intendentes de las principales ciudades, sigue sin encontrar por estas horas un rumbo definido.