La Justicia laboral ordenó la reincorporación de Melina Gutiérrez, secretaria general de la Junta Interna de ATE en PAMI Rosario, quien había sido despedida a fines de marzo en medio de un conflicto sindical que incluyó denuncias del gremio sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de los efectores propios de la obra social.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 77, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por la dirigente gremial y ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) restituirla a su puesto de trabajo dentro de los tres días de notificada la sentencia, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento.

La magistratura dispuso que la reincorporación deberá mantenerse hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia judicial.

Gutiérrez se desempeñaba como instrumentadora quirúrgica en el Policlínico PAMI II y, según consta en el expediente, ocupaba cargos gremiales con mandato vigente hasta octubre de 2027. Entre ellos, la Secretaría General de la Junta Interna de ATE en PAMI Rosario, cargo para el que fue electa en octubre de 2025.

En su resolución, el juzgado consideró que existen elementos suficientes para presumir, en esta etapa preliminar del proceso, que el despido pudo haber vulnerado la tutela sindical prevista por la Ley de Asociaciones Sindicales. El fallo destaca que la cesantía se produjo mientras la trabajadora gozaba de estabilidad gremial y sin que la empleadora hubiera promovido previamente el procedimiento judicial específico requerido para desplazar a un representante sindical protegido.

La jueza también valoró que una impugnación presentada por el organismo empleador contra la elección gremial de Gutiérrez aún no obtuvo resolución administrativa definitiva.

Además, la resolución advierte sobre el "peligro en la demora" y señala que impedir el regreso de la dirigente a su puesto podría afectar el ejercicio de los derechos sindicales garantizados por la legislación nacional y los convenios internacionales de trabajo. Según el fallo, mantener apartada a la trabajadora durante la tramitación del proceso podría ocasionar un daño de difícil reparación posterior.

El conflicto tomó estado público en abril, cuando ATE instaló una "Carpa Negra contra la corrupción" frente a la sede de PAMI en Rosario para exigir la reincorporación de la delegada. Desde el sindicato sostuvieron entonces que el despido constituía un acto de persecución política y sindical destinado a silenciar denuncias sobre el funcionamiento de los policlínicos PAMI I y II.

En ese momento, Gutiérrez vinculó su despido con los cuestionamientos que venía realizando desde la llegada del gobierno de Javier Milei. La dirigente denunció presuntos procesos de vaciamiento de los efectores propios de la obra social, derivación de prestaciones hacia prestadores privados y un deterioro tanto en las condiciones laborales como en la atención de los afiliados.

También había apuntado contra autoridades locales del organismo y cuestionado la falta de respuestas ante los reclamos de trabajadores y pacientes. Entre otras críticas, denunció problemas de infraestructura, falencias en equipamiento y un proceso de ajuste que, según afirmó, afectaba prestaciones esenciales para jubilados y pensionados.

La decisión judicial representa un respaldo parcial a la posición sostenida por ATE durante los últimos meses, aunque el conflicto de fondo aún deberá resolverse en un proceso principal. El propio fallo aclara que las consideraciones realizadas para conceder la cautelar son provisorias y no implican un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del despido.

Mientras tanto, el organismo deberá cumplir con la reinstalación de la dirigente sindical en su puesto de trabajo, salvo que una instancia superior disponga lo contrario.