La Unión Industrial de Santa Fe (UISF) expresó su respaldo a la posición presentada por el Gobierno provincial durante el debate por una nueva legislación sobre biocombustibles que se desarrolla en el Senado de la Nación.

A través de un comunicado, la entidad manifestó su apoyo a la "posición estratégica esbozada por el Gobierno de Santa Fe" durante la exposición realizada el pasado 3 de junio ante la plenaria de las comisiones de Energía, Minería y Combustible y de Presupuesto y Hacienda, en el marco de la discusión de distintos proyectos vinculados al sector.

La exposición estuvo encabezada por Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara de Energías Renovables de Santa Fe (CASFER).

Por eso, la UISF recordó que durante 2025 Santa Fe, como integrante de la Liga Bioenergética de Provincias, impulsó un proyecto de ley que "sirvió de base para la redacción, puesta en consideración y presentación de los cinco proyectos que actualmente poseen estado parlamentario" en el Congreso nacional.

Desde la entidad, que nuclea a gran parte de las empresas productoras de biodiésel no integradas de la provincia, sostuvieron que los cinco puntos impulsados por el Ejecutivo santafesino son "esenciales para el rediseño del mercado basado en condiciones de libre competencia, de equidad e innovación" y que "asegurarán la continuidad y crecimiento de las empresas no integradas", además de permitir la participación de las empresas integradas "en un mercado creciente".



Entre las principales propuestas avaladas por la entidad, figura el aumento del corte obligatorio de biodiésel al 15% (B15), con la posibilidad de elevarlo al 20% (B20) cuando el biodiésel nacional resulte más económico que el gasoil fósil importado.

La iniciativa también plantea la creación de un "Segmento de Oferta No Integrada" equivalente al 40% del mercado de biodiésel, junto con un esquema de división entre empresas integradas y no integradas que incluya límites de participación para "evitar cartelización o monopolización".

Otro de los ejes apunta a establecer "reglas claras y freno a la discrecionalidad", limitando la posibilidad de reducir los porcentajes obligatorios de mezcla únicamente a situaciones de emergencia. Sobre este punto, la entidad sostuvo que "las inversiones de capital necesitan certezas legales y previsibilidad".

Asimismo, el documento propone incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) proyectos vinculados a diésel renovable, combustible sostenible para aviación e hidrógeno verde, con inversiones superiores a los 200 millones de dólares.

En materia de abastecimiento, la UISF reclamó que la futura ley contemple medidas de defensa de la competencia para garantizar la provisión de aceite de soja y metanol "a precio de Paridad de Exportación" en el mercado interno.

Al fundamentar su posición, la entidad destacó que las empresas del sector "agregan valor a las cadenas agrícolas, provocan arraigo rural y sustituyen importaciones, todo ello cuidando el medio ambiente".

Además, remarcó el peso de Santa Fe dentro de la actividad al señalar que la provincia "concentra más del 80% de la capacidad productiva del país". En ese contexto, sostuvo que "el aumento del corte y la segmentación del mercado se tornan imprescindibles" frente al cierre de mercados de exportación y otras dificultades que enfrenta el sector.

Finalmente, la organización afirmó que un incremento de las mezclas obligatorias "se puede planificar sin costo fiscal" y consideró que el biodiésel constituye "una herramienta para mitigar aumentos" y "garantizar la seguridad energética".