Mientras la Cámara de Diputados de Santa Fe avanza en el tratamiento de proyectos destinados a prohibir la actividad de los cuidacoches en las ciudades de la provincia, la Iglesia católica intervino en el debate con un mensaje dirigido a los legisladores: evitar que la respuesta estatal frente al fenómeno derive en una criminalización de la pobreza.

La postura fue expresada por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, y por la Pastoral Social de la Arquidiócesis, que participaron de una instancia de consulta convocada por la Legislatura provincial. En sendos documentos, plantearon que la discusión excede la cuestión del orden público y remite a problemas más profundos vinculados con la exclusión, la precarización laboral y la falta de oportunidades.

“Lo que vemos en la calle no es un problema de orden público, sino una manifestación de necesidades más profundas. Este no es tanto un debate sobre trapitos sí o no. Es un debate sobre cómo el Estado distingue, cómo regula y cómo responde frente a la vulnerabilidad”, sostuvieron desde la Pastoral Social.

El planteo eclesiástico introduce una distinción entre quienes ofrecen servicios de cuidado o limpieza de vehículos de manera voluntaria y quienes ejercen esa actividad mediante amenazas, extorsiones o violencia. Según el documento presentado ante los diputados, ambos escenarios no pueden recibir el mismo tratamiento legal.

Para la Iglesia, cuando existe un acuerdo libre entre particulares, la actividad constituye una forma de subsistencia ligada al trabajo informal y no debería ser objeto de sanciones penales. En cambio, remarcaron que las conductas coercitivas deben ser perseguidas y castigadas con firmeza, especialmente cuando existen organizaciones que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas para obtener beneficios económicos.

Los representantes de la Pastoral Social también cuestionaron la eficacia de una prohibición general. Argumentaron que la presencia de cuidacoches está estrechamente vinculada a los niveles de desempleo e informalidad laboral y advirtieron que una medida exclusivamente represiva difícilmente elimine el fenómeno.

“Donde hay exclusión y falta de empleo formal, aumenta la presencia de cuidacoches; donde la economía genera empleo digno y registrado, la actividad tiende a desaparecer por su propio peso”, afirmaron.

En lugar de una prohibición lisa y llana, propusieron avanzar hacia mecanismos de regulación que permitan registrar a los trabajadores, ordenar zonas de actividad y diferenciar situaciones de subsistencia de aquellas asociadas a prácticas delictivas. También reclamaron programas de capacitación, asistencia social e inserción laboral para quienes dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos.

La posición fue reforzada por una carta enviada por el arzobispo Eduardo Martín. Allí el prelado aclaró que la Iglesia no busca legitimar situaciones de marginalidad ni justificar delitos, pero sostuvo que las respuestas públicas deben orientarse a la inclusión social.

“Nos parece que debe haber una actitud de acompañamiento de dichas situaciones y que tienda a la inclusión de las personas involucradas al conjunto de la sociedad”, expresó.

Martín citó además textos del papa León XIV y recordó declaraciones del cardenal cordobés Ángel Rossi frente a un debate similar en Córdoba. En ese marco, retomó el llamado de la Iglesia a “no criminalizar la pobreza ni responder con exclusión frente a realidades atravesadas por la falta de oportunidades, las adicciones y la fragilidad social”.

La principal preocupación manifestada por el arzobispo es que la búsqueda de un mayor orden urbano termine empujando a los sectores más vulnerables hacia una situación aún más crítica. “Nuestra preocupación es que, por buscar un mayor orden, se termine llevando a estos hermanos nuestros a una marginación más profunda y a una mayor deshumanización de la sociedad”, señaló.

El posicionamiento de la Iglesia aparece en momentos en que la Legislatura provincial debate una iniciativa impulsada bajo argumentos de seguridad y recuperación del espacio público. Con su intervención, la Arquidiócesis de Rosario busca incorporar una mirada social al tratamiento de la norma y exhorta a los diputados a que cualquier decisión contemple mecanismos de transición e inclusión para quienes hoy encuentran en esa actividad una forma precaria de sustento.