La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a la Fundación Faro Argentina para que identifique a los aportantes que financiaron a la entidad durante 2024, año en el que declaró ingresos por casi $5.000 millones. El requerimiento establece un plazo de diez días y se produce en medio de cuestionamientos sobre la transparencia de la organización vinculada al sector político más cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Según la documentación presentada ante el organismo de control, la fundación registró ingresos por $4.957 millones durante el último ejercicio, aunque sin precisar quiénes realizaron los aportes. Además, el balance fue entregado con casi once meses de demora y, de acuerdo con la observación oficial, los libros contables no se encontraban actualizados.

La entidad surgió de la transformación de la Fundación Valorar, una organización que hasta 2023 tenía una actividad y un patrimonio considerablemente menores. Tras el desembarco de Agustín Laje y Francisco Caputo en la conducción, los ingresos y el patrimonio crecieron de manera exponencial, alcanzando cifras que la ubicaron entre las organizaciones privadas de mayor capacidad de financiamiento dentro del espacio libertario.

Durante los últimos dos años, Faro organizó diversos encuentros de recaudación con empresarios y dirigentes políticos, varios de ellos con la participación del presidente Javier Milei como principal orador. Sin embargo, la información disponible no detalla cuánto dinero se obtuvo en esos eventos ni quiénes fueron los contribuyentes que realizaron los aportes.

La intimación de la IGJ representa un nuevo foco de atención sobre el financiamiento de organizaciones vinculadas al oficialismo. Mientras el organismo busca esclarecer el origen de los fondos y las inconsistencias detectadas en la documentación presentada, la Fundación Faro deberá responder a los requerimientos para evitar posibles sanciones administrativas.