Cuatro personas fueron imputadas en Rosario por integrar una maniobra de ciberdelito que, según la acusación judicial, permitió desviar más de un millón de dólares en criptomonedas desde una empresa financiera local mediante la vulneración de sus sistemas informáticos.

La audiencia imputativa se realizó en el Centro de Justicia Penal, donde los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia atribuyeron distintos grados de participación a dos hombres de 28 años, otro de 24 y una mujer de 56, en una compleja operatoria de defraudación informática contra la firma LB Finanzas.

De acuerdo con la investigación, el ataque se desarrolló entre el 30 de marzo y el 12 de mayo de este año y provocó un perjuicio estimado en 1.000.549 dólares en activos digitales.

La Fiscalía sostiene que los principales acusados localizaron y explotaron vulnerabilidades en los mecanismos de autenticación de identidad de la plataforma de la empresa, suplantaron perfiles de empleados y lograron acceso con permisos de escritura sobre la base de datos interna.

Con ese nivel de control, habrían alterado registros para inflar artificialmente los saldos de cuentas utilizadas como “mulas”, creadas a partir de identidades reales aportadas por terceros. Según la imputación, dos de los acusados operaban esas cuentas desde teléfonos celulares y coordinaban tanto la extracción como la posterior ocultación de los fondos.

La maniobra incluyó movimientos complejos dentro del ecosistema cripto. Parte de los activos sustraídos –equivalentes a más de 824 mil dólares en un caso y 174 mil en otro– fueron transferidos a plataformas de intercambio digital, convertidos en criptomonedas orientadas al anonimato, como Monero, y posteriormente derivados a herramientas conocidas como “mixers”, utilizadas para dificultar la trazabilidad del dinero.

El expediente también involucra a un joven de 24 años, señalado por la Fiscalía como el encargado de reclutar personas dispuestas a prestar su identidad para abrir cuentas dentro de la plataforma financiera. Además, se le atribuye haber operado un servicio de intercambio automático y recibido parte de los fondos en su cuenta personal.

En cuanto a la mujer imputada, la acusación la ubica como partícipe necesaria por haber facilitado una de las cuentas utilizadas en la operatoria.

Tras la audiencia, la jueza de primera instancia Eleonora Verón dio por formalizada la imputación y homologó un acuerdo entre las partes sobre las medidas cautelares. Para los dos principales acusados dispuso prisión preventiva efectiva hasta el 30 de noviembre próximo.

En el caso del tercer imputado, ordenó medidas alternativas por 90 días, entre ellas prohibición de contacto con los coacusados, presentaciones periódicas ante la Justicia, fijación de domicilio, una caución económica y tratamiento vinculado a problemas de adicciones. Para la mujer imputada se estableció como medida cautelar la obligación de constituir domicilio por el mismo plazo.

La investigación expone una modalidad delictiva cada vez más sofisticada, en la que conocimientos técnicos, vulnerabilidades digitales y mecanismos de anonimización en el universo cripto convergen en operaciones de alto impacto económico y difícil rastreo judicial.