Un agente de la Policía de Santa Fe que se desempeñaba en los Tribunales de la capital provincial quedó en prisión preventiva acusado de haber abusado sexualmente de siete de sus sobrinos durante casi veinte años.

La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg, quien hizo lugar al pedido formulado por los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández.

La investigación tiene como víctimas a cuatro varones y tres mujeres, todos hermanos entre sí y actualmente mayores de edad. Según la acusación, los hechos ocurrieron desde mediados de la década de 1990 hasta 2014, cuando los niños quedaban bajo el cuidado de su tío en distintos ámbitos familiares de la ciudad de Santa Fe.

El caso provocó fuerte conmoción por el rol que ocupaba el imputado dentro del sistema judicial. Al momento de su detención, el hombre prestaba funciones como policía asignado a los tribunales santafesinos.

Ese aspecto fue uno de los argumentos centrales utilizados por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva. "Por sus funciones, podría tener contacto con niños, niñas y adolescentes cuando, por ejemplo, se realiza una entrevista en Cámara Gesell", sostuvo la fiscal Galeano durante la audiencia.

La causa inició tras la denuncia de una de las sobrinas del acusado. Según trascendió, su testimonio derivó en la aparición de otros relatos dentro del mismo grupo familiar: de los ocho hermanos, siete señalaron haber sufrido distintos tipos de abusos cuando eran menores de edad.

Los investigadores sostienen que el imputado habría utilizado mecanismos de manipulación y aprovechamiento de la confianza familiar para concretar los ataques.

De acuerdo con la Fiscalía, las conductas atribuidas no se basaban en la violencia física sino en estrategias de captación y sometimiento sobre niños en situación de vulnerabilidad.

Además, Galeano señaló que las víctimas sufrieron una "profunda afectación emocional" y que para muchas de ellas resultó "extremadamente difícil" relatar lo ocurrido, incluso décadas después de los episodios investigados.

Durante la audiencia, la defensa planteó que los hechos estaban prescriptos por el tiempo transcurrido. Sin embargo, el juez entendió que al menos uno de los casos puede continuar siendo investigado a la luz de la denominada Ley Piazza, que permite a quienes sufrieron abusos sexuales durante la infancia realizar denuncias una vez alcanzada la mayoría de edad.

El policía acusado fue imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una víctima, abuso sexual gravemente ultrajante agravado en perjuicio de otras cinco y abuso sexual simple agravado respecto de una séptima víctima. Además, se le atribuyó el delito de promoción de la corrupción de menores agravada.

La investigación continúa abierta. Los fiscales indicaron que todavía analizan material secuestrado durante un allanamiento y no descartan la aparición de nuevas víctimas.