La Justicia provincial imputó a diez policías de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario por la agresión sufrida por un hombre detenido durante un procedimiento realizado en mayo de 2024 en barrio Parque Casas. Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), uno de los agentes roció a la víctima con alcohol etílico y la prendió fuego mientras se encontraba reducida e indefensa, mientras que otros efectivos colaboraron para concretar el ataque y posteriormente encubrieron lo sucedido mediante actas falsas y declaraciones engañosas.

La audiencia imputativa se realizó este martes en la sala 10 del Centro de Justicia Penal, ante el juez Rafael Coria, quien tuvo por formalizada la investigación y dispuso la prisión preventiva efectiva para ocho de los imputados. En el caso de una agente, se ordenó prisión domiciliaria por razones familiares. Comparecieron 9 de los 10 imputados porque uno de ellos –el suboficial Jesús Balais– está detenido desde antes, involucrado en una causa de tráfico de drogas.

El principal acusado es el suboficial David Zeballos, imputado como autor de tentativa de homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y abuso de su función policial. También se le atribuyen amenazas coactivas y falsedad ideológica de instrumento público. Junto a él fueron imputados los suboficiales Omar Cabral, Juan José González, Maximiliano Ortiz y Maximiliano Cuevas como partícipes primarios del intento de homicidio, informó el Ministerio Público de la Acusación.

La investigación sostiene que el hecho ocurrió el 27 de mayo de 2024 en una vivienda de Larrechea al 1900, donde personal de la PAT había ingresado en el marco de un procedimiento por presunta tenencia de cocaína. Según la reconstrucción de la Fiscalía, la víctima ya se encontraba detenida y tendida en el suelo cuando Zeballos tomó una botella de alcohol etílico, le arrojó el contenido sobre la cabeza y el rostro y luego lo prendió fuego con un encendedor.

Como consecuencia, el hombre sufrió graves quemaduras en la cara, el cuello, las orejas, el tórax y las manos, lesiones que comprometieron sus vías respiratorias y pusieron en riesgo su vida. Permaneció internado durante 40 días en terapia intensiva y quedó con secuelas permanentes.

Para los fiscales, el accionar constituyó un acto de ensañamiento destinado a aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima. Además, sostienen que los demás policías presentes aseguraron el perímetro de la vivienda e impidieron cualquier posibilidad de auxilio o defensa, garantizando la ejecución de la agresión y la posterior impunidad de los involucrados.

El caso comenzó a desmoronar la versión policial oficial a partir de una serie de pericias y testimonios que contradijeron el relato plasmado en las actuaciones. Según habían declarado los agentes, el detenido se habría quemado accidentalmente al intentar incendiar una mochila que contenía estupefacientes.

Sin embargo, el fiscal Pablo Socca afirmó que la investigación permitió demostrar que esa explicación era falsa. "Lo que nosotros corroboramos con el avance de la investigación es que este grupo de policías redujo a varias personas que estaban en la vivienda y a una de ellas, luego de golpearla en el piso, uno de los policías le rocía una botella de alcohol en la cabeza y en la cara y lo prende fuego con un encendedor", sostuvo.

Socca destacó que la hipótesis fiscal se apoya en el testimonio de la víctima, las declaraciones de otros detenidos que presenciaron los hechos, peritajes telefónicos y distintos elementos de prueba incorporados al expediente. "Se quiso simular este hecho como si fuese un accidente cometido por la propia persona. Esa fue la explicación oficial para justificar las quemaduras que sufrió alguien que terminó internado y con secuelas irreversibles", afirmó.

Uno de los elementos clave fue una pericia realizada sobre la mochila secuestrada durante el procedimiento. El informe de Bomberos Zapadores determinó que el objeto se encontraba en buen estado de conservación y no presentaba signos compatibles con haber sido alcanzado por el fuego.

"La mochila estaba intacta. Si la persona hubiera intentado incendiarla, como decía el acta policial, no se explica cómo pudo conservarse sin daños", señaló Socca. Para el fiscal, esa constatación fue determinante para acreditar la falsedad de la versión oficial.

Además de las acusaciones por el intento de homicidio, tres de los policías fueron imputados por falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado, debido a que habrían incorporado información falsa en las actas y luego ratificado esa versión ante la Fiscalía. Otros tres efectivos fueron acusados de encubrimiento agravado, omisión de persecución penal e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no denunciar lo ocurrido y colaborar en el ocultamiento de los hechos.

La investigación también alcanzó a una agente que integraba un grupo de WhatsApp en el que se discutió la posible responsabilidad de los policías involucrados. Según la Fiscalía, pese a conocer lo sucedido, omitió denunciar el hecho y promover una investigación.

Tras validar las imputaciones, el juez Coria dispuso que ocho de los acusados permanezcan detenidos mientras avanza la causa. La resolución representa un fuerte respaldo judicial a la hipótesis del MPA sobre uno de los casos de violencia institucional más graves investigados en Rosario durante los últimos años.