Santa Fe salió a jugar fuerte en la discusión por una nueva ley de biocombustibles, tal como se está deliberando en el Senado de la Nación. Un debate decisivo para su estructura productiva. La provincia impulsa una modificación sustancial del esquema actual: subir de inmediato al 15% la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil y habilitar una transición futura hacia niveles aún mayores.

El posicionamiento santafesino se inscribe en el tratamiento legislativo que busca redefinir las reglas del mercado de biocombustibles. Aunque el gobierno provincial acompaña la idea de un sistema más competitivo y menos regulado, advierte que algunas iniciativas en danza podrían terminar limitando el crecimiento de una industria donde Santa Fe concentra buena parte de la capacidad instalada nacional.

Uno de los principales puntos de conflicto es el porcentaje de mezcla obligatoria. El proyecto en discusión contempla aumentar al 15% el bioetanol en las naftas, pero mantiene el biodiésel en un techo del 10% para el gasoil. Para la administración santafesina, esa diferencia carece de fundamentos técnicos y conspira contra la expansión del sector.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que sostener el actual límite implica desaprovechar infraestructura existente, desalentar nuevas inversiones y dejar capacidad industrial ociosa en una provincia donde la cadena de valor del biodiésel tiene fuerte anclaje, especialmente en el cordón agroindustrial del Gran Rosario.

La propuesta oficial de Santa Fe apunta a implementar un esquema B15 inmediato y avanzar gradualmente hacia un B20, siempre que el combustible renovable nacional mantenga competitividad frente al gasoil importado.

El reclamo se apoya también en el contexto internacional. Desde la Casa Gris señalan que la volatilidad petrolera, la transición energética global y experiencias regionales como la de Brasil –que avanza hacia mayores porcentajes de mezcla– configuran una oportunidad estratégica para posicionar a Argentina en el mercado de energías renovables.

Además del debate sobre los cortes obligatorios, la provincia elaboró un paquete de cambios al proyecto nacional. Entre ellos propone reservar parte del mercado para productores independientes mediante mecanismos transparentes de licitación y establecer límites a la concentración empresarial, con el objetivo de evitar posiciones dominantes y garantizar condiciones de competencia.

Otro punto central es la previsibilidad regulatoria. Santa Fe plantea restringir la posibilidad de que la autoridad energética reduzca los porcentajes de mezcla, limitando esa facultad únicamente a situaciones excepcionales de abastecimiento y por plazos acotados.

La agenda provincial también incorpora incentivos para combustibles de nueva generación, como el Diésel Renovable, el Combustible Sustentable para Aviación (SAF) y el Hidrógeno Verde, buscando articular esos desarrollos con herramientas nacionales de promoción de inversiones.

Detrás de la disputa legislativa asoman además proyectos industriales concretos. Entre ellos aparece la iniciativa impulsada por el empresario rosarino Federico Pucciariello junto a YPF para reconvertir la ex refinería San Lorenzo en una planta orientada a producir combustible sustentable para aviación, un emprendimiento que podría transformarse en pionero a nivel hemisférico.

Más allá de la discusión técnica, en juego aparece una puja de fondo: quién captará las inversiones asociadas a la transición energética, qué polos industriales ganarán protagonismo y qué papel ocupará Argentina en el negocio global de los combustibles renovables. En ese escenario, Santa Fe busca consolidarse como uno de los actores centrales del mapa energético que viene.