El gobernador Maximiliano Pullaro envió un mensaje a la Legislatura santafesina para solicitar el tratamiento de un paquete de leyes en seguridad orientado a “dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito” y agilizar “situaciones de urgencia operativa”.

En términos generales, el Poder Ejecutivo explicó que las iniciativas “proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales”, ante las “limitaciones estructurales” que presentan “los mecanismos tradicionales” vigentes.

Entre los cambios impulsados aparece la restitución de la figura de “declaración informativa”, con el objetivo de evitar “la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas”. En ese marco, el proyecto también elimina “la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado”.

Además, se incorpora la figura del “juicio penal en rebeldía”, para ampliar los casos en los que una persona puede ser juzgada aunque no comparezca; la “validación probatoria”, que introduce excepciones a la exclusión de pruebas obtenidas irregularmente; y las “medidas coercitivas por decreto fiscal”, que habilitan a la Fiscalía a dictar medidas no privativas de la libertad sin intervención judicial inmediata.

Otras iniciativas apuntan a "agilizar" operativos y procedimientos en calle. Entre ellas se encuentran el “allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública”, que permite realizar allanamientos sin orden judicial cuando se secuestran armas o materiales controlados; y el “derribo por orden fiscal”, que habilita a la Fiscalía a ordenar directamente la inutilización de inmuebles vinculados al microtráfico sin autorización judicial previa.

Sobre este punto, el mensaje del Ejecutivo sostuvo que “las medidas previstas (...) presentan una intensidad sustancialmente inferior a la detención, aun cuando su duración pudiera ser mayor”, y aclaró que “no implican encierro ni supresión de la libertad ambulatoria, sino únicamente su regulación funcional a los fines del proceso”. También afirmó que el mecanismo propuesto “no afecta el derecho de defensa, sino que reconfigura temporalmente su ejercicio”.

El paquete también incorpora un procedimiento abreviado por decreto penal para contravenciones y delitos menores, sin aplicación a penas de prisión efectiva y con posibilidad de revisión judicial posterior. A su vez, establece un régimen “más severo” para internos que ordenen delitos desde la cárcel, con aislamiento extremo y restricciones a las visitas.

En paralelo, se fortalecen las tareas de inteligencia mediante la inclusión expresa del “espionaje digital y electrónico” bajo control judicial, se amplía el programa de recompensas para políticas preventivas y se habilita la creación de “zonas de intervención policial especial” con mayores facultades de control en “áreas atravesadas por altos niveles de criminalidad”.

“Este proyecto se estructura sobre un principio fundamental: no hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir”, concluyó el mensaje enviado por Pullaro a la Legislatura provincial.