Un grupo de ahorristas denunciantes de Pilay S.A. volvió a concentrarse frente a la sede de la firma en Rosario y difundió una solicitada en la que acusa a la empresa de haber construido su expansión sobre un “pecado original”: la comercialización durante décadas de planes de ahorro y construcción sin la autorización correspondiente de organismos nacionales de control.

La presentación pública se inscribe en el conflicto que desde hace meses enfrenta a miles de clientes con Bauen Arquitectura SRL y Pilay, empresas dedicadas a la financiación y construcción de viviendas. Los ahorristas denuncian incumplimientos contractuales, demoras en la entrega de departamentos y cambios unilaterales en las condiciones originales de los planes.

La situación ya se encuentra judicializada y todavía resta definir si el planteo será reconocido formalmente como un reclamo colectivo. En paralelo, los grupos de ahorristas continúan organizando movilizaciones para visibilizar el conflicto. Este miércoles lo hicieron frente a la sede de Bauen Pilay, ubicada en bulevar Oroño al 100 bis.

En la solicitada difundida este miércoles, los denunciantes buscaron además remontarse a los antecedentes jurídicos del denominado “sistema Pilay”. Según sostienen, la operatoria de captación de fondos comenzó en 1986 y continuó durante años sin aval formal del Estado.

Los ahorristas recuerdan que en abril de 2003 una presentación realizada por la Dirección de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe derivó en una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo nacional encargado de fiscalizar entidades dedicadas a operaciones de ahorro y préstamo.

Como resultado de esa actuación, la IGJ dictó en noviembre de 2003 la resolución 1459, mediante la cual ordenó a la unión transitoria integrada por Bauen, Pilay y Pilares el “cese inmediato” de la concertación de nuevos contratos vinculados a la captación periódica de fondos de terceros para su administración. La disposición también alcanzaba a la publicidad de esa operatoria y exigía informar públicamente sobre la imposibilidad de concretar nuevas contrataciones.

De acuerdo con el documento difundido por los ahorristas, la empresa apeló la medida y el expediente permaneció durante ocho años en trámite judicial hasta que, en diciembre de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución de la IGJ. La prohibición quedó firme en mayo de 2012.

El eje central del planteo es que, pese a esa situación, Pilay continuó comercializando planes tradicionales durante el período en que la causa tuvo efecto suspensivo y nunca informó a los nuevos clientes sobre la existencia de cuestionamientos oficiales al sistema.

“A pesar de conocer la advertencia de la IGJ, la empresa continuó con la comercialización del sistema tradicional Pilay”, afirmaron en la solicitada. También señalaron que durante esos años la firma intensificó campañas publicitarias y promovió la suscripción de más de un contrato por cliente en un contexto económico favorable para las inversiones inmobiliarias tras la crisis de 2001.

Los manifestantes reclaman ahora que la empresa entregue las unidades comprometidas, respete los plazos pactados y dé precisiones sobre el destino de los fondos aportados durante años por miles de familias de Rosario, Santa Fe, Córdoba y Paraná.


CAMBIO DE REGLAS

“Estamos a unos pasos de cumplir con el ciclo de 20 años que tienen los planes tradicionales y no tenemos los departamentos”, sostienen los clientes afectados. Explican que miles de personas ingresaron al sistema con el objetivo de acceder a unidades ubicadas en el microcentro rosarino y hoy se encuentran cerca de completar las 240 cuotas previstas sin haber recibido las viviendas comprometidas.

De acuerdo con los denunciantes, ante la imposibilidad de cumplir con las entregas pactadas, las empresas comenzaron a ofrecer alternativas distintas a las previstas en los contratos originales. Entre ellas mencionan lotes en zonas no precisadas del Gran Rosario o departamentos aún en construcción en el complejo “Los Pasos Fisherton”, frente al Estadio Mundialista de Hockey.

Mientras esperan respuestas, los clientes continúan abonando cuotas mensuales que, según el tipo de propiedad, oscilan entre los 450 mil y 600 mil pesos. Además, señalaron que una vez adjudicada la unidad el valor de las cuotas se incrementa considerablemente. “Nosotros tenemos que cumplir hasta el último punto y coma, y la empresa no”, cuestionó una de las damnificadas, quien además denunció que desde hace nueve años no se realizan sorteos ni licitaciones regulares.