La sesión especial impulsada este jueves por la oposición para intentar frenar la licitación del parque acuático proyectado por la Municipalidad en la costanera norte naufragó por falta de quórum. Con diez concejales presentes –del peronismo, Ciudad Futura, Iniciativa Popular y el Frente Amplio por la Soberanía– no se alcanzaron los 15 ediles necesarios para habilitar el tratamiento de los expedientes. La ausencia del bloque La Libertad Avanza terminó siendo decisiva.

Más allá del resultado parlamentario, el recinto fue escenario de fuertes cuestionamientos políticos, jurídicos y urbanísticos contra el proyecto impulsado por el intendente Pablo Javkin. Los concejales opositores coincidieron en denunciar que el Ejecutivo no habilitó la participación ciudadana, opacidad administrativa y una lógica de planificación “de espaldas a la ciudad”.

Desde el Frente Amplio por la Soberanía, Leonardo Caruana sostuvo que el rechazo al emprendimiento no responde a “show político” ni a alineamientos partidarios, sino a una concepción del desarrollo urbano basada en la participación social. “No creemos en la planificación atrás de un escritorio, donde primero se decide y después se informa”, afirmó.

El edil remarcó que Rosario tiene una tradición de procesos participativos y cuestionó que el Ejecutivo no haya escuchado a vecinos, organizaciones, universidades y colectivos vinculados al río y al ambiente. También planteó una mirada crítica sobre el modelo recreativo propuesto: contrapuso los espacios naturales y de juego vinculados al agua, la tierra y el entorno con una lógica basada en estructuras artificiales, "no plástico", dijo y desató el aplauso de los vecinos congregados en la tribuna. “No les gusta que no nos guste”, resumió, en alusión a la reacción oficial frente a las críticas.



Por su parte, Fernanda Gigliani puso el foco en las dudas administrativas y normativas del proyecto. Preguntó de dónde surgirán los 12.600 millones de pesos previstos para la iniciativa y cuestionó bajo qué acto administrativo el Ejecutivo modificó partidas para transferir fondos a la sociedad del Estado Costanera Rosario.

La concejala de Iniciativa Popular también señaló que el predio involucrado es un área de reserva con “vacío normativo”, lo que, a su criterio, obliga al municipio a elaborar primero un plan de detalle y enviarlo al Concejo para su discusión pública. “No se puede gobernar a puro decreto y excepciones”, advirtió.

Además, defendió la legalidad de la sesión especial y apeló a la reciente reforma constitucional santafesina, que reconoce el derecho a la ciudad basado en la participación ciudadana, la función social y ambiental del espacio urbano. Para Gigliani, el municipio todavía está a tiempo de retroceder con la licitación y abrir un proceso de discusión más amplio. “Dar marcha atrás no es perder; puede implicar que gane la ciudad”, sostuvo.

En un discurso dirigido principalmente a los vecinos movilizados, Juan Monteverde definió la convocatoria como un punto de inflexión político. Señaló que hacía más de una década que no se promovía una sesión extraordinaria de este tipo y atribuyó la iniciativa a la organización ciudadana.

El referente de Ciudad Futura afirmó que el debate sobre el futuro de la costanera “estaba secuestrado por el intendente” y celebró haberlo trasladado nuevamente al ámbito legislativo. También reivindicó declaraciones recientes del gobernador Maximiliano Pullaro, quien consideró que la ubicación del parque debe ser materia de discusión local. "El lugar deben discutirlo el intendente y los concejales", dijo Pullaro este jueves.

Monteverde defendió la necesidad de que el proyecto pase por el Concejo porque, según argumentó, implica un cambio de uso del espacio público y una modificación sustancial respecto de la licitación original. Recordó además que, tras las críticas, el Ejecutivo redujo a la mitad la superficie prevista para el parque.

Uno de los pasajes más duros de su intervención estuvo dirigido a La Libertad Avanza y al concejal Juan Pedro Aleart. Monteverde cuestionó que el bloque libertario haya manifestado públicamente reparos al proyecto pero no haya concurrido a la sesión. “Si trabajaban hoy, el parque se suspendía”, lanzó.

El edil también buscó elevar la discusión más allá del emprendimiento puntual: planteó que el conflicto involucra el valor de lo público, el vínculo de Rosario con el río, la calidad democrática y el derecho ciudadano a participar en las grandes decisiones urbanas. En ese marco, propuso una consulta pública para que sean los rosarinos quienes definan si quieren o no un parque acuático en la costanera norte.

Aunque la sesión no pudo avanzar formalmente, la oposición dejó claro que el conflicto por el proyecto municipal está lejos de cerrarse.