La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, salió a respaldar el nuevo paquete de reformas en materia de seguridad promovido por la gestión de Maximiliano Pullaro y cuestionó a los sectores políticos y judiciales que rechazan la iniciativa. Según afirmó, las resistencias actuales replican objeciones similares a las que despertó en su momento la desfederalización del narcomenudeo, una política que, aseguró, terminó mostrando resultados concretos.

Durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, la funcionaria sostuvo que entre los detractores de las nuevas medidas aparecen actores de la Justicia, sectores políticos y dirigentes del peronismo, a quienes acusó de desconocer los indicadores de seguridad alcanzados por la actual administración provincial.

Como respaldo de esa postura, Coudannes repasó cifras vinculadas a la aplicación de la ley de microtráfico, vigente desde hace dos años. Según detalló, la provincia registra más de 2.600 allanamientos, más de 600 armas secuestradas y 422 personas detenidas en el marco de esa normativa.

La vocera sostuvo además que el nuevo paquete legislativo busca ampliar y profundizar herramientas ya utilizadas por el Ejecutivo, en un contexto que definió como de “baja histórica” de homicidios en Santa Fe.


PROPUESTAS DE POLÉMICA

Entre las modificaciones impulsadas por el gobierno provincial aparece una reducción de instancias burocráticas para acelerar la respuesta estatal frente al delito. En ese sentido, Coudannes explicó que la iniciativa apunta a habilitar el derribo de inmuebles utilizados para la comercialización de drogas mediante orden fiscal y agilizar allanamientos vinculados a detenidos por portación de armas, bajo el argumento de evitar demoras que permitan ocultar pruebas o rearmar estructuras criminales.

La funcionaria también defendió la conducción política sobre las fuerzas de seguridad implementada por la gestión Pullaro. Según sostuvo, hoy existe una policía “ordenada, monitoreada y con conducción”, en contraste con la administración anterior, a la que atribuyó una falta de gestión en materia de seguridad.

En el plano penitenciario, Coudannes remarcó que la provincia proyecta incorporar 7.000 nuevas plazas carcelarias hacia el final del mandato de Pullaro. Además, afirmó que actualmente hay 2.700 personas detenidas más que en octubre de 2023 y más de 400 presos menos alojados en comisarías.

Para la vocera, ese escenario responde a una estrategia integral basada en mayor operatividad policial, incremento de detenciones y ampliación de la infraestructura penitenciaria.

Finalmente, vinculó la política carcelaria santafesina con la visita prevista de una delegación oficial de Chile, que recorrerá unidades penitenciarias de Recreo y Piñero para interiorizarse sobre el modelo de gestión desarrollado por la provincia.

“Este Gobierno no tiene miedo”, afirmó Coudannes al cerrar su exposición, y aseguró que la administración provincial continuará impulsando reformas para consolidar su política de seguridad y posicionar a Santa Fe “a la vanguardia” en la materia.