La polémica por el proceso de privatización de la Hidrovía del río Paraná escaló en las últimas horas desde el Congreso nacional hacia la Legislatura santafesina. El diputado provincial Carlos del Frade presentó un pedido formal para que el gobierno de Maximiliano Pullaro dé a conocer cuál será su posición frente a las denuncias por supuestas irregularidades en la licitación impulsada por la administración de Javier Milei para concesionar la Vía Navegable Troncal del Paraná.

La iniciativa ingresó en la Cámara de Diputados de Santa Fe y apunta directamente a las denuncias formuladas en la Cámara de Diputados de la Nación respecto de la utilización de documentación presuntamente falsa para respaldar el nuevo llamado a licitación pública e internacional de la Hidrovía.

El planteo de Del Frade toma como antecedente la presentación realizada por el diputado nacional Jorge Taiana, quien solicitó la suspensión inmediata del proceso licitatorio hasta que se esclarezcan las acusaciones sobre el uso de un supuesto informe atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Según la denuncia, el Gobierno nacional habría utilizado documentos con sellos de Naciones Unidas para otorgar sustento técnico a la privatización de la principal vía fluvial del país. El eje de la controversia gira en torno a la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/2025, convocada mediante la Resolución 67/2025, para concesionar la operación de la Vía Navegable Troncal del río Paraná.

En el texto presentado en el Congreso, Taiana reclamó la suspensión del procedimiento hasta tanto se esclarezcan las denuncias radicadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Allí se advierte sobre un posible uso de documentación apócrifa, además de cuestionamientos por presunto direccionamiento de los pliegos, falta de estudios de impacto ambiental y limitaciones a la participación y control de las provincias ribereñas.

Del Frade sostuvo que resulta “fundamental conocer la opinión del gobierno de la provincia de Santa Fe ante esta nueva realidad informada en el Congreso de la Nación”, en referencia a una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino y para la economía santafesina en particular.

La denuncia también pone el foco en una pericia informática realizada por una empresa internacional especializada en delitos digitales. Según ese informe técnico-forense, los documentos atribuidos a la UNCTAD habrían sido confeccionados mediante Microsoft Word Office 365 y no responderían a los formatos institucionales habituales utilizados por organismos de Naciones Unidas.

Además, se señala que los archivos carecerían de firmas digitales criptográficas válidas y que las rúbricas visibles serían imágenes insertadas compatibles con montajes gráficos o recortes digitales. El expediente también menciona que ni la ONU ni la propia UNCTAD habrían confirmado hasta el momento la autenticidad o autoría de los documentos cuestionados.

Otro de los ejes de la discusión gira en torno a los posibles impactos ambientales de la profundización del calado del Paraná, proyectada entre 40 y 44 pies. La presentación advierte sobre riesgos para la provisión de agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y los ecosistemas ribereños, además de cuestionar la ausencia de estudios integrales previos.

En el plano económico, la denuncia sostiene que el esquema previsto en los pliegos podría garantizar ingresos mínimos al futuro concesionario mediante bandas tarifarias, trasladando los costos a productores y usuarios de la vía navegable. También se menciona un supuesto favorecimiento hacia firmas extranjeras vinculadas al actual esquema de dragado y balizamiento, entre ellas la empresa belga Jan De Nul.

Finalmente, el documento presentado ante la PIA advierte que la nueva concesión podría afectar la soberanía fluvial y marítima argentina y favorecer el desvío de cargas hacia el puerto de Montevideo, con mayores costos logísticos y una salida más extensa hacia el Atlántico Sur.

Con la presentación de Del Frade, la controversia por la Hidrovía suma ahora presión política sobre la Casa Gris, en un tema que atraviesa intereses económicos, ambientales y estratégicos para Santa Fe y para el conjunto del país.