El diputado nacional Diego Giuliano presentó un proyecto de resolución en el Congreso para pedir que se deje sin efecto la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, medida mediante la cual el Gobierno nacional eliminó el sistema de subsidios que compensaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos.

La iniciativa legislativa también reclama el restablecimiento inmediato de los mecanismos que garanticen la continuidad efectiva de ese derecho, luego de que la administración nacional argumentara que, bajo el nuevo esquema de libertad tarifaria y desregulación del transporte automotor interjurisdiccional, serán las empresas las que deberán absorber esos costos.

“Quitar los pasajes gratuitos a las personas con discapacidad es una muestra más de esta temporada de injusticias”, sostuvo el legislador rosarino al fundamentar su proyecto.

El legislador expresó su preocupación por las consecuencias institucionales, sociales y jurídicas de la decisión oficial y cuestionó la ausencia de una evaluación integral sobre su impacto. “Cuando el Estado mira derechos humanos desde la lógica de una planilla de Excel, deja de mirar personas para mirar exclusivamente números”, afirmó.

Giuliano también puso el foco en el impacto que la medida podría tener en el interior del país. Según señaló, muchas de las personas alcanzadas por el beneficio dependen del transporte de larga distancia para acceder a controles médicos, tratamientos especializados, rehabilitación o prestaciones sanitarias que no existen en sus ciudades de origen.

“Existe una dimensión federal que no puede ser ignorada”, advirtió el diputado, quien calificó la resolución como una decisión construida desde “una lógica puramente contable”, centrada únicamente en el costo económico de la política pública.

En ese sentido, remarcó que la gratuidad del transporte para estos colectivos “no constituye un privilegio”, sino una herramienta de inclusión y garantía de derechos básicos. “Hablar de movilidad, en estos casos, es hablar de calidad de vida, acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, controles sanitarios, educación e integración social”, concluyó.