El Fondo Monetario Internacional lanzó una fuerte advertencia sobre los mecanismos de transparencia y control del Estado argentino en el informe técnico que acompañó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei. Aunque el organismo elogió el rumbo económico y las políticas de desregulación impulsadas por la Casa Rosada, planteó observaciones críticas sobre las políticas anticorrupción y el funcionamiento institucional.

Las objeciones aparecen en el denominado “Box 9” del reporte del staff técnico, dedicado a la evaluación de gobernanza económica y marcos anticorrupción. Allí, el FMI sostuvo que “los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse” y cuestionó especialmente el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos.

“El régimen presenta limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”, señaló el informe. El punto tomó especial relevancia política porque coincide con la controversia alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las revelaciones sobre sus vuelos al exterior y el crecimiento de su patrimonio. Además, su declaración jurada aún no fue presentada formalmente ante la Oficina Anticorrupción.

El Gobierno había prorrogado recientemente hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales, cuando originalmente vencía el 30 de mayo. En ese contexto, el informe del FMI fue interpretado como una señal directa hacia las dificultades del sistema de control estatal y la falta de transparencia en la publicación de información pública sensible.

El documento también apuntó contra los mecanismos vinculados a conflictos de interés y cuestionó la capacidad estatal para supervisarlos. “Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, advirtió el organismo. Las observaciones aparecen en un momento de alta tensión política para el oficialismo, atravesado por internas y cuestionamientos públicos sobre la ética y el manejo institucional dentro del Gobierno nacional.