Llegó el día en que el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque vuelve al Tribunal de Entre Ríos al 400 como acusado y ya no como magistrado. Es la audiencia clave de control de acusación en una de las causas penales que lo tiene como imputado por presuntos hechos de corrupción durante su desempeño al frente del Juzgado Federal Nº4 de Rosario.

En este expediente, Bailaque comparece acusado por incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, por supuestas demoras y resoluciones irregulares en la tramitación de una investigación iniciada en 2013 contra el condenado narcocriminal Esteban Lindor Alvarado.

La acusación es sostenida por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el fiscal federal Matías Scilabra, de la Procunar Región NEA. La audiencia constituye una instancia decisiva del proceso, en la que se debatirá si el expediente queda en condiciones de avanzar hacia un juicio oral y bajo qué términos.

El caso integra uno de los tres legajos acusatorios presentados por el Ministerio Público Fiscal contra Bailaque, cuya situación judicial se agravó en los últimos meses con una batería de imputaciones por presuntas maniobras de corrupción, abuso funcional y vínculos indebidos con actores investigados en distintas causas.

Según la acusación formulada por la fiscalía, el expediente vinculado a Alvarado se centra en la actuación de Bailaque entre 2014 y 2015, cuando –siempre de acuerdo con los fiscales– dictó resoluciones contrarias a la prueba reunida y a los impulsos del Ministerio Público, lo que derivó en la paralización de líneas investigativas sensibles vinculadas a la organización criminal liderada por Alvarado.

Los fiscales sostienen que esas decisiones habrían favorecido directamente los intereses del contador Gabriel Mizzau, señalado como amigo personal del entonces juez y profesional ligado a sociedades utilizadas por la estructura criminal investigada. En ese mismo expediente, Mizzau también está acusado por lavado de activos agravado, por su presunta intervención en maniobras de administración y legitimación de fondos de origen ilícito.

La audiencia de este miércoles se inscribe en un escenario judicial más amplio para el exmagistrado, actualmente bajo prisión domiciliaria. En febrero pasado, el Ministerio Público Fiscal presentó formalmente tres acusaciones en su contra y estimó un pedido de pena global de 10 años de prisión en el caso de mayor gravedad, vinculado a una presunta trama de corrupción judicial.


LA OTRA CUENTA PENDIENTE

Además del expediente por la causa Alvarado, Bailaque afronta otra acusación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos judicializados de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. En ese legajo, los fiscales le atribuyen haber dictado resoluciones contrarias a derecho para beneficiar intereses ligados al empresario Fernando Whpei, sin revelar la relación que mantenía con él.

En la acusación más amplia, impulsada por la Unidad Fiscal Rosario junto a las procuradurías Procelac, Procunar, PIA y fiscales especializados, el exjuez está imputado por delitos como prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. Los fiscales describieron el cuadro investigado como un “supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”, al sostener que Bailaque habría utilizado su posición institucional para favorecer intereses privados y desplegar un esquema delictivo sostenido en el tiempo.

La audiencia de control de acusación de hoy pondrá a prueba, específicamente, la consistencia del caso referido a la investigación sobre Alvarado y marcará un paso decisivo en la definición del futuro procesal del exjuez federal.