La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el convenio firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro con Nación, a través de Anses y el Ministerio de Capital Humano, para el envío de fondos destinados a la Caja de Jubilaciones provincial.

La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, solo contó con el rechazo del bloque peronista, a excepción de Alejandra Rodenas. Fue avalada en la Cámara Baja con 36 votos a favor y 8 en contra, sin abstenciones.

El acuerdo fue suscripto a inicios de mes y prevé transferencias mensuales de 10 mil millones de pesos durante un período inicial de seis meses, prorrogable a un año, como parte de pago de la deuda previsional que Nación mantiene con Santa Fe.

A cambio, la provincia se compromete a pausar el juicio en curso, sin renunciar a la acción judicial. También se abre la posibilidad de avanzar en mecanismos de compensación que permitan saldar parte de la deuda con bienes o infraestructura.



Desde Unidos, el diputado José Corral defendió el convenio como “una política de Estado” en resguardo de la Caja de Jubilaciones y sostuvo que implica “casi el 60 por ciento del déficit corriente” que Nación mantiene con la provincia.

“Le damos al Ejecutivo las herramientas necesarias para seguir adelante con esta muy buena negociación”, afirmó.


EL DEBATE

El oficialismo logró construir un respaldo amplio en Diputados, que incluyó el acompañamiento del Frente Amplio por la Soberanía y de los sectores celestes y conservadores de la oposición.

En cambio, el rechazo del peronismo se apoyó en cuestionamientos políticos y financieros. El exgobernador Omar Perotti cuestionó la suspensión del litigio judicial al señalar que la provincia contaba con jurisprudencia favorable: “Es un juicio ganado que ahora queda en pausa”, remarcó.

Luego amplió: “¿Por qué salimos de una instancia con tamañas garantías? Hay una clara resignación. Es un juicio ganado que ahora queda suspendido. Nadie niega que vivimos un momento difícil, pero todos los gobiernos lo tuvieron.”

En la misma línea, Marcos Corach dijo “no entender a cambio de qué el gobierno accede a someter a un impasse la deuda judicializada” y consideró que se trata de “una mala decisión política”, al tiempo que advirtió sobre una eventual resignación de recursos.



Sobre ese punto también se expresó el exministro de Economía, Walter Agosto, quien puso en duda los números del acuerdo al señalar que los anticipos representarían “un porcentaje menor del déficit real”, estimado en base a las proyecciones para 2026.

“Como es un estimado, entendemos que el déficit total para este año será de 390 mil millones de pesos, de los cuales el Ejecutivo provincial accederá a 80 mil millones de pesos, porque los otros 40 los cobrará en 2027. Eso es un 20 por ciento, no el 50 ni el 60, lo que no satisface las estimaciones del propio presupuesto santafesino”, agregó Agosto.

El peronismo objetó por último que el convenio habilite al Ejecutivo a avanzar en mecanismos de compensación, un aspecto que también fue puesto bajo revisión por Fabián Palo Oliver.

No obstante, el diputado del FAS justificó su acompañamiento al señalar que “es un buen acuerdo” en un contexto de antecedentes desfavorables para Santa Fe, aunque advirtió que cualquier eventual compensación con bienes o infraestructura “debería ser revisada” por la Legislatura.

También desde la oposición, Emiliano Peralta (Somos Vida) relativizó las críticas al afirmar que no hay una concesión de fondo sino “una suspensión del procedimiento sujeta al cumplimiento” por parte de Nación, y destacó que el convenio implica un “reconocimiento explícito” de la deuda.