La CGT presentó este lunes un pedido formal ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para apartar a dos jueces de la Sala VIII que intervinieron en el fallo que reactivó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

En su escrito, la central sindical solicitó además la nulidad de la sentencia dictada el pasado 23 de abril, que restableció la vigencia de más de 80 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que habían sido suspendidos por una medida cautelar.

El planteo judicial apunta a dos ejes principales: por un lado, la recusación de los magistrados por presunta parcialidad; por otro, la supuesta falta de competencia del tribunal para intervenir en el expediente, lo que, según la CGT, invalidaría todo lo actuado.

Uno de los focos del cuestionamiento está puesto en el juez Víctor Arturo Pesino, a quien la central obrera señala como “beneficiado” por el Poder Ejecutivo a partir de un trámite para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años.

Según la presentación, esa situación configuraría un conflicto de intereses que compromete la imparcialidad del magistrado y vulnera garantías básicas del proceso judicial, al tiempo que deja a los trabajadores en una posición de mayor vulnerabilidad.

El reclamo se produce luego de que la Cámara otorgara efecto suspensivo a la apelación del Gobierno, lo que dejó sin efecto la decisión del juez de primera instancia Raúl Ojeda, quien había frenado parcialmente la aplicación de la reforma.

Mientras la disputa escala en el plano judicial, la definición de fondo sobre la constitucionalidad de la norma quedará en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver uno de los conflictos más relevantes entre el oficialismo y el movimiento sindical.