La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani, detalló este miércoles cómo se implementará el protocolo de recupero y resarcimiento de gastos por operativos derivados de falsas amenazas.

La medida se formalizó tras un alarmante incremento de esta problemática, que solo en la jornada de este martes registró 78 casos, de los cuales 22 fueron en el departamento Rosario.

“Cada vez que el Estado debe dispensar un recurso para atender una emergencia, se genera una erogación que no es del gobernador ni de los ministros, sino de todos los que aportamos con nuestros tributos”, indicó la funcionaria en diálogo con LT10. El protocolo contempla no solo el movimiento de la Policía y la Brigada de Explosivos, sino también el trabajo de Bomberos Zapadores, voluntarios y agentes municipales de tránsito.

Aunque la cifra puede variar según la magnitud del despliegue, el tránsito de la zona y la cantidad de personas a evacuar, se estima que un operativo promedio cuesta entre 6 y 7 millones de pesos.

“Esto no es una broma, es un delito tipificado en el Código Penal. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) debe notificar la causa al Ministerio de Seguridad para que se inicie el procedimiento de cobro”, señaló Orciani.

El protocolo elaborado por el Gobierno provincial contempla siete instancias para exigir el pago a quienes enfrenten denuncias por intimidación pública u otros hechos de características similares. Como punto de partida, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) debe individualizar a los presuntos autores, a los partícipes y a los adultos responsables dentro de cada causa penal.

Una vez que la Provincia cuenta con los domicilios y contactos telefónicos de las personas involucradas, la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad se encarga de estimar los costos operativos del procedimiento.