El exdirector de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, deberá declarar como imputado en una causa que indaga irregularidades en la licitación del edificio donde hoy funciona el organismo recaudador. Lo acompañarán otros dos funcionarios y los empresarios Carlos y César Bsereni, socios del Fideicomiso La Plaza, beneficiario del contrato. El Ministerio Público Fiscal (MPF) calcula un perjuicio al Estado nacional de 544.281.716 pesos entre 2013 y 2025.

El juez federal Aldo Alurralde, titular del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, ordenó las citaciones, tras el pedido del fiscal Walter Rodríguez y su equipo de la Unidad de Casos Complejos. Las declaraciones se realizarán entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre. A todos los acusados se les impusieron medidas de restricción, incluida la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Según la imputación, Vaudagna y el entonces jefe administrativo Carlos Barrale direccionaron la licitación pública N°5/2010, que terminó adjudicando el alquiler al Fideicomiso La Plaza. Ambos fueron acusados de negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. Las maniobras se habrían repetido en 2015, con la complicidad del agente Diego Cignetti, quien actuó como partícipe necesario.

Los fiscales sostienen que el grupo manipuló los pliegos y condiciones técnicas para favorecer a un único oferente y excluir a otros competidores. En 2013 se concretó el contrato de alquiler del inmueble de calle Salta 2771, de la capital provincial, donde aún funciona Arca. Ese convenio, aprobado por la Disposición N°285/2012, generó una erogación inicial de más de 7 millones de pesos, monto que luego se multiplicó a través de renovaciones y pagos irregulares.

Tras la finalización del contrato original, en 2016, la relación con el fideicomiso se mantuvo sin licitación, mediante la figura excepcional del “legítimo abono”, usada para justificar gastos sin respaldo contractual. Según el MPF, este mecanismo fue empleado de manera continua durante casi una década, convirtiéndose en un esquema sistemático para sostener el vínculo económico con los empresarios.

El análisis financiero de los fiscales revela que entre 2016 y 2025 se efectuaron pagos actualizados que exceden en más de 540 millones de pesos los valores razonables de mercado. Para los investigadores, esa diferencia representa un daño patrimonial concreto al Estado, sin justificación administrativa ni control de razonabilidad.

Las pruebas reunidas incluyen mensajes de WhatsApp en los que Cignetti habría informado a Vaudagna sobre la entrega de sobres con dinero, presuntamente en concepto de retornos por el direccionamiento de las licitaciones. Este intercambio refuerza la hipótesis de pagos indebidos entre funcionarios y empresarios a lo largo del proceso.

Con las nuevas declaraciones indagatorias, el MPF busca avanzar hacia el procesamiento de los implicados y determinar el rol de cada uno en el presunto entramado de corrupción. El juez Alurralde destacó que, si bien Vaudagna colabora como arrepentido en otras causas, su responsabilidad en este expediente “permanece sujeta a verificación judicial”.

Vaudagna está imputado por otras causas federales en Santa Fe por delitos como abuso de autoridad, violación de secretos fiscales, tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y lavado de activos. Declaró como arrepentido y eso significó que la Justicia avance sobre el exjuez Marcelo Bailaque, que renunció y ahora espera juicio como acusado de una asociación ilícita de extorsión a empresarios de Rosario.